EscucharMi labor como regulador general de la Aresep se ha fundamentado en una serie de principios: rigor técnico, regulación con propósito, transparencia, diálogo y participación con todos los sectores, e independencia y autonomía en la toma de decisiones.
Al llegar a la Aresep, me encontré una gran cantidad de retos y problemas por resolver. Uno de ellos, que el país y la regulación como un todo tienen, es el transporte en autobuses. La Nación, en una amplia nota del 3 de junio, hace una presentación preconcebida y sesgada de la información sobre la propuesta de modificación de la metodología extraordinaria de autobuses.
Entre las modificaciones planteadas, se encuentra la independencia de la aplicación de la metodología extraordinaria de la encuesta de insumos que realizaba la Intendencia de Transporte a los autobuseros, proponiendo que se utilice el índice de transporte público del Banco Central (IPi-TRP).
El regulador general ni insta, ni favorece, ni promueve ningún tipo de reconocimiento de porcentajes de anteriores fijaciones tarifarias a escala nacional. En diferentes solicitudes enviadas a la Junta Directiva de la Aresep, por las Cámaras de Autobuseros, ese ente colegiado ha delegado, según su potestad, en el regulador general atender y valorar sus inquietudes.
En el título, pie de foto y el primer párrafo del artículo, La Nación falta a la verdad y sesga los hechos sobre la iniciativa planteada.
Tal como se aclaró antes de la publicación, toda gestión sigue el trámite de análisis correspondiente, en este caso, el tema del servicio público de autobuses le compete a la Intendencia de Transporte, y como es un aspecto metodológico, es el Centro de Desarrollo de la Regulación el que interviene como instrumento regulatorio. Es decir, ambas instancias de análisis son las que hacen la recomendación técnica a la Junta Directiva, y el cuerpo colegiado decide lo que corresponda. Este procedimiento se sigue para la modificación de toda metodología.
En el acta 71 del 7 de diciembre del 2018, queda claro que, por unanimidad (lo cual incluye al regulador general), la Junta decidió solicitar el criterio a la Dirección Jurídica (acuerdo 02-71-2018) con relación al reconocimiento de porcentajes de anteriores fijaciones tarifarias a escala nacional y, a lo largo de la discusión, el regulador general coincidió con los demás directivos en que se requiere de ese criterio jurídico “para seguridad del cuerpo colegiado”. En ningún momento se han tomado acuerdos con respecto a la metodología extraordinaria, sin contar con ese respaldo técnico y legal.
Espero que este prestigioso medio de comunicación esté dispuesto a publicar los logros que en tres años la Aresep ha tenido: protocolo de demanda para buses, tarifa de protección del recurso hídrico, lineamiento y acciones para mejorar las tarifas de electricidad a los usuarios, pago de indemnizaciones por juicios perdidos en el pasado, acciones de mejora en la calidad de los servicios a los usuarios y una gran austeridad en el uso de los recursos de la institución, entre otros.
La imposibilidad de publicar artículos del regulador general en ese medio, y al propiciar posiciones de personas que han sido parte de los problemas actuales, evidencia que este medio de comunicación puede tener una sesgada posición en contra de mi labor, lo cual es lamentable para el ejercicio objetivo del periodismo. Lamento lo anterior y espero que, en aras de la transparencia y la equidad de la información, en el futuro las notas periodísticas sean objetivas y con uso de mejores fuentes de información.
Roberto Jiménez Gómez
Regulador general
