11 octubre

El titular de La Nación del jueves 10 de octubre, “Ajustes en pensiones de lujo dejarían un ahorro insuficiente”, no se ajusta a la realidad matemática. Procedo a explicar por qué.

Antes de la moción 137-3, aprobada el miércoles 9 de octubre, el tope de la base exenta era de ocho salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial, lo que aproximadamente es ¢3,6 millones. Así, aportaban como máximo 215 personas, es decir, un 5,4 % de los jubilados del Poder Judicial.

La moción redujo el tope de la base exenta a seis salarios. Pasa de ¢3,6 millones a ¢2,6 millones. Ahora, aportarán hasta 684 personas porque pasaría de un máximo del 5,4 % a un 17,1 %, prácticamente el triple, no solo 111 nuevos, como publicó La Nación el 16 de setiembre.

Con los ajustes del martes, las 3.700 pensiones adicionales planteadas en el texto original del proyecto pasarían a ser más de 4.100. Jamás se reducirían a 3.525 como se informó.

Xiomara Rodríguez Hernández

Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa