En el año 2015, se estrenó en España Corrupción: el organismo nocivo, de Albert Sanfeliu y Teresa Soler, un documental que centra su atención en las personas que denunciaron actos de corrupción y en las consecuencias que enfrentaron por hacerlo.
Ciertamente, a veces la corrupción es detectada de oficio, como parte de los procesos efectuados por instancias contraloras, y en otras ocasiones es expuesta como resultado de investigaciones periodísticas o de conflictos producto de rivalidades políticas y empresariales.
Tampoco es inusual el caso de empleados que se percatan de que el jerarca de la institución donde laboran utiliza el poder en beneficio propio o de sus familiares y, un día de tantos, un expediente anónimo es enviado a un medio de comunicación colectiva.
Las situaciones anteriores tienen en común que no necesariamente existe una relación personal entre quien incurre en prácticas corruptas y quienes las detectan, las descubren, las documentan o las denuncian. Además, aunque funcionarios y periodistas podrían ser objeto de amenazas, suelen tener el respaldo de las instancias contraloras y de los medios de comunicación en que trabajan.
Conocimiento. Muy distinto es cuando una persona, que no se dedica a investigar la corrupción, se percata, en el desempeño de sus labores cotidianas, de que alguien a quien conoce y pertenece a su entorno inmediato de trabajo, ha incurrido en un acto corrupto.
Tal vez la relación entre ambas personas está mediada por la jerarquía, y uno es el superior jerárquico del otro, o pueden ser compañeros de trabajo. Independientemente del tipo de vínculo que tengan, y de si es distante o lejano, lo importante es que se conocen.
Para quien descubre el acto de corrupción, el problema inmediato es qué hacer, y más si quien cometió ese acto sabe que ha sido descubierto y conoce quién fue la persona que lo descubrió.
Lo correcto, en una situación así, es denunciar lo sucedido, pero ¿a qué costo para quien denuncia? El documental de Sanfeliu y Soler aborda ese importante tema, el cual se puede considerar también a partir de un modelo basado en la teoría de los juegos.
Profesor A. El profesor A, que labora en la universidad X, se entera por accidente de que el profesor B, en el curso Z, decidió dar a unos pocos estudiantes un beneficio irregular. Para llevar a cabo ese acto, B incumplió los reglamentos establecidos por X.
A se pregunta por qué B procedió irregularmente y considera varias posibilidades. La primera sería que B benefició a esos estudiantes simplemente para tener que trabajar menos. La segunda sería que B los benefició porque los estudiantes le pagaron para obtener ese beneficio.
La tercera explicación posible sería que B los benefició porque eran estudiantes excelentes y quiso reconocer esa excelencia beneficiándolos. La cuarta sería que a B realmente solo le interesaba beneficiar a un estudiante en particular, pero decidió beneficiar a varios alumnos precisamente para ocultar el interés personal que tenía en el asunto.
Al imaginar las posibles razones que B pudo tener para actuar como lo hizo, A considera atenuantes y agravantes; pero, aun si los atenuantes fueran ciertos, eso no cambia el hecho de que B incurrió en un pequeño acto de corrupción.
Dilema. Si A hubiera descubierto el acto de corrupción de B sin que B lo supiera, A podría haber considerado las opciones de no hacer nada o de hacer una denuncia anónima ante el superior jerárquico; pero B sabe que A lo descubrió y A sabe que B sabe eso.
En tales circunstancias, A se encuentra ante un difícil dilema: si no hace nada, se convierte técnicamente en cómplice de B y, si esto ocurre, se arriesga a que, en cualquier momento en el futuro, B utilice eso en su contra.
A se pregunta: “si denuncio a B, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?”. Después de considerar debidamente pros y contras, A decide denunciar a B con el superior jerárquico. Una vez comprobados los hechos, B es sancionado.
La razón por la que A denuncia a B es porque considera que sería preferible lidiar con las posibles represalias de B –cualesquiera que sean– que exponerse a quedar en una situación en la que B podría amenazarlo constantemente con exponer su complicidad.
Profesor B. B sabe que ya nada puede hacer para cambiar el hecho de que fue sancionado, pero considera que puede atenuar el daño que esa sanción implica para su reputación académica y personal si logra que A también sea sancionado.
Emprender él mismo una acción contra A, es algo que a B le parece contraproducente, ya que A podría afirmar, de forma muy persuasiva, que el proceder de B responde a una venganza personal.
Con el propósito de neutralizar una defensa de A en esos términos, B recurre a C, de quien sabe que podría derivar un beneficio inmediato si A fuera sancionado. De esta manera, B se asegura de que sea una tercera persona, y no él, quien realice la acción contra A.
Al incorporar a C a su plan, B corre el riesgo de que, si algo sale mal, C podría delatarlo; pero compensa ese riesgo porque, en la acción planeada contra A, C es quien corre el riesgo mayor: si el plan fracasa, toda la responsabilidad civil y penal recaerá sobre C.
Debido a esa mayor vulnerabilidad, C le exige a B que tiene que participar en la acción contra A, por lo que, al final, ambos acuerdan que C hará una denuncia falsa contra A, siempre que B participe como testigo de C.
Silencio. Al llegar a este punto, con A casi a punto de ser víctima de una acusación falsa presentada por C con B como testigo, se podría pensar que lo mejor que pudo hacer A, al descubrir el pequeño acto de corrupción de B, fue mirar hacia otro lado y guardar silencio.
Sin embargo, lejos de ser irracional, A procedió acorde con la mejor defensa de sus propios intereses: entre una situación en la que quedaba al arbitrio de B si guardaba silencio y otra en la que se liberaba de ese arbitrio, escogió esta última.
Ciertamente, si la acusación prosperase y fuera sancionado, A podría tener que pagar un precio muy alto por haber denunciado a B; pero, por alto que fuera, nunca lo sería tanto como haber tenido que vivir bajo la amenaza permanente de que B expusiera su complicidad.
Correcto. En el modelo aquí presentado, las personas A, B y C basan sus decisiones en consideraciones racionales de lo que sería mejor para sí mismas, incluso A, quien denuncia a B porque le conviene más hacerlo que no hacerlo, y no porque crea que es lo correcto.
Sin duda, hay denuncias de corrupción que responden a motivos similares a los de A, y hay otras que son producto simplemente de venganzas personales; pero aun en estos casos, quienes denuncian también se exponen a graves consecuencias.
Es en este contexto que debe ubicarse entonces a quienes denuncian actos de corrupción sin que medien intereses o razones personales, solo por el hecho de hacer lo correcto. ¿Por qué personas, en su sano juicio y sin el apoyo de instituciones o medios de comunicación que las respalden, deciden no callar y están dispuestas a exponerse a situaciones inimaginables con tal de denunciar actos de corrupción?
Respuestas a esta pregunta, desde una perspectiva española, se encuentran en el documental de Sanfeliu y Soler. Tal vez algún día se pueda conocer también la dimensión costarricense de este asunto.
El autor es historiador.