Déficit fiscal: ¿Adelgazar o cambiar de talla?

El gobierno ha planteado, como única solución, un nuevo paquete fiscal, con el que espera recaudar alrededor del 2% del PIB (unos ¢600.000 millones).

Eso es apenas la mitad de lo que este mismo gobierno aumentó los “gastos corrientes” en los presupuestos del 2015 y 2016 (23% respecto del gasto efectivo del 2014, cuando la inflación bianual si acaso llegará al 4%). O sea, si se hubieran socado la faja y aumentado ese gasto solo la mitad, no harían falta nuevos impuestos.

Propuesta oficial. El paquete tributario que el gobierno propone se resume así:

a) Pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado (IVA) y subirlo del 13% al 15%.

b) Cobrar el IVA a los servicios (incluidos salud, educación, alquileres, etc.) y los bienes de la canasta básica (salvo poquísimas excepciones).

c) Duplicar el impuesto al traspaso de vehículos usados al 5%.

d) Duplicar el impuesto al traspaso de los bienes inmuebles, al 3%.

e) Subir el impuesto al salario al 20% y al 25% (el tope actual es un 15%).

f) Gravar con impuesto de renta a entidades deportivas, cooperativas, fundaciones y asociaciones.

g) Gravar y aumentar los impuestos a las ganancias de capital.

h) Limitar la deducción de intereses.

Carga elevada. Sin esos nuevos impuestos, Costa Rica ya está entre los países con más alta carga tributaria en América Latina (considerando las sociales, que son de alrededor del 22%).

Por si fuera poco, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Costa Rica es el país latinoamericano que más elevó su endeudamiento público entre el 2013 y el 2015.

Si por lo menos esos nuevos impuestos fueran dirigidos a bajar el déficit fiscal y si el gobierno se socara la faja, podríamos discutir sobre su conveniencia. Pero ya sabemos que el gobierno dirige sus argumentos más a promover nuevo gasto que a reducir déficit.

En resumen: el gobierno quiere cambiar de talla (nuevos impuestos) y no bajar la obesidad (el déficit).

Solución permanente. La receta no puede ser solo nuevos impuestos. Una reforma fiscal sin reforma del Estado es un placebo. Deben discutirse iniciativas para lograr una solución permanente del problema, como:

a) Reformar el artículo 176 de la Constitución para establecer reglas de equilibrio fiscal y límites al déficit fiscal (3% del PIB) y al endeudamiento público (60% del PIB), para que en el presupuesto de la República las obligaciones legales de gasto se ajusten proporcionalmente y para que se fijen límites de gasto a las instituciones autónomas creadas mediante ley.

b) En cuanto al empleo público, respetando derechos adquiridos, garantizar que los salarios aumenten solo por inflación, que las plazas nuevas no crezcan más del 1,2% anual (crecimiento de la población) y poner límites a las anualidades y otros pluses.

c) Que las pensiones con cargo al presupuesto nacional se ajusten por inflación (no en relación con los ingresos de los funcionarios actuales) y ajustar gradualmente su edad mínima de jubilación a la establecida por la CCSS.

d) Del lado de los ingresos, es posible mejorar la recaudación sin aumentar impuestos. Con menores regulaciones impositivas, la recaudación hace pocos años (15,3% del PIB) era mayor en un 2% del PIB que ahora.

e) Y, por supuesto, hay que eliminar las trabas que asfixian al sector productivo, con medidas como la unificación de trámites en forma electrónica, la ventanilla única y el “silencio positivo” sin excepciones para autorizaciones, licencias, patentes y permisos.

La Unidad Social Cristiana no quiere poner palos a la carreta, sino colaborar en la solución de los problemas del Estado, incluidos los fiscales; por lo cual no impedirá que las mayorías legislativas tomen sus decisiones. Pero eso es muy distinto a que nos pidan empujar la carreta hacia el precipicio, al aprobar impuestos sin contener el gasto.

El autor es secretario general del PUSC.