El Incopesca, institución rectora que administra, regula y promueve el desarrollo pesquero, la maricultura y la acuicultura, ha tenido cuestionamientos recientes que llevaron a la destitución –por faltas demostradas al deber de probidad y por recomendación de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa– de una miembro de su Junta Directiva, Anita McDonald.
También fue cesado el asesor de pesca para la región del Caribe, Gilbert Bell, conocido como Macho Coca, sospechoso de narcotráfico y de supuesta usurpación de bienes de dominio público, por la construcción de un muelle ilegal en Portete.
El muelle pesquero mide 1.041 metros cuadrados y allí descargan cuatro embarcaciones pesqueras de tamaño mediano, cada 13 o 18 días. Fue ahí donde la Policía capturó una lancha cargada con marihuana comprimida, en noviembre del 2014.
Inmenso muelle construido en zona marítimo-terrestre, ante el cual los funcionarios de turno se taparon los ojos: dejar construir, dejar hacer, dejar pescar.
No menos graves son las iniciativas del Incopesca sobre la pesca de arrastre; aunque el gobierno busque desinformar y confundir al indicar que con su Política Nacional de Aprovechamiento Sostenible del Camarón “no se permite pesca de arrastre indiscriminada, solo la sostenible”. Un decir, porque por ahora no existe una pesca de arrastre que sea sostenible.
Según la FAO, la pesca de arrastre es al mar lo que una tala rasa es a un bosque: “Usar redes de arrastre para atrapar camarón es como talar un bosque entero para capturar aves”.
La pesca de arrastre genera destrucción y degradación de hábitats. Las cifras mundiales de la FAO indican que “por cada kilogramo de camarón los pescadores capturan de forma accidental hasta 20 kilogramos de otras especies marinas que se devuelven al mar y mueren”.
Afectación. En nuestro país, el ingeniero Roberto Artavia ha venido denunciado acciones gubernamentales que afectan nuestra biodiversidad marina. Primero, alertó porque, sin estudios técnicos ni científicos, el Gobierno autorizó el aleteo de tiburón amarillo, comprometiendo la supervivencia de especies amenazadas de tiburones, lo que le ha valido al presidente, Luis Guillermo Solís, haber sido galardonado como enemigo de los tiburones, por la organización internacional Shark Project; su nominación, el año pasado, fue presentada por 30 prestigiosas organizaciones ambientalistas.
Artavia también ha denunciado que la pesca de arrastre impulsada por el gobierno y el Incopesca amenaza la biodiversidad y la pesca artesanal: afectará a “unas 15.000 familias bastante pobres, para proteger los intereses de 27 industriales del camarón”, afirma. Además, indica Artavia que, según un estudio de la UNA, los 27 “industriales” que se benefician de la pesca de arrastre generan unos 590 puestos de trabajo, muchos de los cuales no alcanzan el salario mínimo, y tampoco pagan cargas sociales. Los puestos son de muy mala calidad y baja productividad.
Esta iniciativa gubernamental existe pese a que la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre con base en amplios estudios científicos.
De acuerdo con la Sala, esta técnica causa serios daños al ambiente marino, pues, de forma incidental, una gran cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina es capturada pero no utilizada.
Espera de una ley. El Alto Tribunal ordenó al Incopesca no otorgar más permisos para la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo hasta que una ley promulgada y tecnología apropiada no aseguren la sostenibilidad de la práctica.
Muy clara la denuncia de Roberto Artavia: sin ley y sin cambios tecnológicos, el gobierno impulsa la pesca de arrastre, en perjuicio de los 15.000 pescadores artesanales y sus familias para favorecer a 27 empresarios con 590 empleos mal pagados; decisión política con un alto costo social y una irreversible destrucción de la biodiversidad marina.
Cuando el mundo entero se esfuerza por procurar la sostenibilidad del planeta, con acuerdos tan trascendentes como los de la COP21 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nuestro país toma la ruta del retroceso al favorecer acciones que comprometen peligrosamente nuestra biodiversidad marina y el desarrollo sostenible.
La autora es odontóloga.