Wágner Jiménez Zúñiga. 13 marzo

La Contraloría y el Ministerio de Hacienda fueron las primeras autoridades en iniciar el periodo de audiencias de la comisión encargada de estudiar, analizar, evaluar y, eventualmente, proponer iniciativas de ley en relación con la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Los legisladores decidimos, de forma unánime, iniciar la obtención de datos con el ente fiscalizador del Estado y, según la Constitución Política, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. De esta manera, garantizar que la discusión se dé con base en información seria y estudios de alta validez y confianza.

La contralora, Marta Acosta, reveló que el 75 % de los recursos transferidos por el Estado a las universidades proviene de deuda pública, por lo cual la estructura vigente no garantiza la sostenibilidad financiera de la educación superior. Señaló que del 2013 al 2017 los ingresos nominales del Fondo crecieron un 59,7 % y los gastos fueron un 49,4 %. El crecimiento mayor se lo atribuyó a los salarios, el renglón con más porcentaje de distribución.

También explicó que los salarios crecen más que la inflación y, por ende, que las demás instituciones. Por ejemplo, en el 2017, las remuneraciones en las casas de enseñanza públicas se incrementaron en un 5,96 % (altos incentivos), cuando la inflación fue un 2,57 %. Según el ente contralor, el alza de los salarios estaría comprometiendo la sostenibilidad financiera del ITCR, la UNED y la UTN para el año 2022.

Otro aspecto que contrasta con la realidad financiera del país es el crecimiento de los superávits y los créditos de las universidades con el sistema bancario nacional. La Contraloría calcula que, en el 2018, el total del monto entre el superávit libre y específico osciló entre los ¢170.000 millones y ¢175.000 millones, es decir, la subejecución presupuestaria es rechazable y desafía su preeminencia tradicional.

En paralelo, existe una gran preocupación por los pasivos universitarios porque del 2013 al 2018 sumaron ¢16.487 millones sin tomar en consideración el fideicomiso UCR-BCR por ¢99.654 millones, los cuales repercuten significativamente en el gasto de intereses, comisiones y amortización hasta por ¢6.333 millones.

Para los de mayores ingresos. Uno de los factores interrelacionados, presentados por la contralora, es el porcentaje de cobertura de la educación superior cuyo aumento fue de solo un 0,8 % entre el 2011 y el 2017. Asimismo, mostró un dato que es de preocupación entre los legisladores: solo el 22,6 % de los estudiantes provienen del segundo quintil más bajo. Viéndolo al revés, el 77,4 % de los estudiantes provienen de hogares de clases medias y altas del país.

El esfuerzo de los consejos universitarios para disminuir la brecha ha sido insuficiente porque, según la Contraloría, del 2012 al 2016, el crecimiento de la tasa entre los quintiles más bajos en las universidades públicas fue tan solo de un 1,5 %, es decir, difícilmente la juventud que no logra acceder a la educación superior pública superará la plétora de obstáculos para salir de la pobreza.

De acuerdo con la ministra de Hacienda, las transferencias al FEES muestran un crecimiento mayor al de la inflación e incluso superior a la capacidad financiera del Estado. El aumento nominal anual del FEES entre el 2010 y el 2018 fue del 10,43 %, mientras que el nominal anual de la economía en el mismo periodo fue del 7,40 %.

Las remuneraciones son el principal rubro de egresos de las universidades, explicó Hacienda. Eso contrasta con los niveles de ejecución de las universidades que, en promedio, entre el 2010 y el 2018, fue de un 77,1 %, acumulando, así, gran cantidad de recursos en forma de superávit. Un 0,5 % del PIB es el superávit de las universidades según señaló la ministra Rocío Aguilar.

Otro dato preocupante aportado por Hacienda es que en el 2018 solo el 13 % de las compras hechas por las universidades estatales se efectuaron través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Recomendaciones. No está en discusión la generación de conocimiento como bien público, su confianza y la contribución de las universidades al bienestar social; tampoco su reputación nacional ni su modelo epistemológico. Lo que está en discusión es la garantía de la sostenibilidad financiera, el crecimiento de la cobertura y presencia institucional en las zonas rurales, así como la eficiencia presupuestaria de cada una de las universidades públicas.

La contralora fue categórica al describir la responsabilidad del Poder Legislativo para valorar integralmente un modelo de financiamiento sostenible, aplicar la futura ley de empleo público al sector académico para disminuir disparidades salariales, desarrollar fuentes alternativas de ingresos y definir una normativa interna en materia de endeudamiento, entre otros.

Las universidades en el mundo se encuentran en un periodo de transición y Costa Rica no está exenta de ello. Las nuevas expectativas de la sociedad y la participación de los medios de comunicación, los políticos y la sociedad civil forman parte del ecosistema de análisis y funcionamiento de la educación superior e, inexorablemente, debe ser de recibo de las autoridades universitarias.

La comisión que integramos en la Asamblea lo único que pretende es proporcionar lentes a quienes toman las decisiones en los consejos para que en el debate formal no existan simplificaciones excesivas, confusiones o malas interpretaciones de a dónde deseamos llegar.

Comprendemos que estamos desafiando el statu quo y la adopción de insumos que vengan de fuera del núcleo académico resultan una pesadilla que debe evitarse a cualquier precio. No obstante, la contralora nos reveló información clasificada que, a partir de ese momento, ya es de dominio público.

Continuaremos con la participación de la ministra de Planificación, del ministro de Educación, del ministro de Ciencia y Tecnología, del presidente de la Sala Constitucional, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), las federaciones estudiantiles y los rectores, los cuales coadyuvarán a la generación de insumos en esta gran discusión nacional.

El autor es diputado presidente de la Comisión Especial FEES.