EscucharSobre la minería en Crucitas se puede decir y se dicen muchas cosas. Gran cantidad de grupos interesados en la actividad aducen que el poblado cuenta con infinidad de recursos y el impacto en lo social y ambiental son manejables.
Sin embargo, el uso prolongado de productos químicos peligrosos sin regulación y la erosión en una zona de alta pluviosidad perjudican no solo la biodiversidad, sino también la salud pública.
El presidente de la República manifestó, en su vista el 16 de julio, sin revelar de dónde obtuvo la información ni cómo fue calculada la cantidad, que en Crucitas fueron liberadas 80 toneladas de mercurio al medio por coligalleros.
Antes de buscar la rentabilidad de una hipotética mina, deberían hacerse esfuerzos nacionales para detener la actividad ilegal y mitigar el impacto ambiental. Colegios profesionales, comunidades, grupos ambientalistas, industriales e instituciones estatales deberían proponer un plan de acción para determinar la naturaleza y extensión del daño, así como limitarlo y proceder a recuperar las áreas afectadas en un plazo razonable.
A pesar de lo que muchos expertos sostienen sobre la cantidad de oro y cuánto ha sido sustraído por mineros ilegales, nadie conoce qué tanto hay y cuánto podría extraerse de manera rentable.
Las investigaciones llevadas a cabo en el poblado se remontan a 20 años atrás, cuando el precio del oro era muy inferior y los costos de extraerlo y procesarlo, también.
Especular sobre la riqueza de Crucitas no es más que eso, y no habrá nadie en su sano juicio que quiera invertir una docena de millones de dólares —especulación de mi propia cosecha— para verificar la verdad en un ambiente que no ofrece ninguna garantía de ser rentable. Añádase, además, otras docenas de millones de dólares en infraestructura y equipo que aseguren la rentabilidad durante la extracción.
Durante la visita del presidente, quedó clara la incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley. En declaraciones dadas en el sitio y difundidas por las redes sociales de la Casa Presidencial, Chaves hizo alusión a evidencia de operaciones mineras llevadas a cabo la noche anterior a su llegada.
Pero el ministro de Seguridad, por su parte, afirmó que tanto alrededor como dentro de la finca había más de setenta oficiales vigilando. Me pregunto dónde estaban estos policías cuando la noche antes del arribo del presidente ocurrió la extracción ilegal.
Si el Estado, en estos últimos cinco años, fue incapaz de detener la actividad, ¿cómo va a garantizar ahora que tiene capacidad para vigilar, monitorear y controlar el cumplimiento y la adecuada operación de una actividad industrial cuya magnitud sería superior y más compleja que la actual explotación?
Como si esto fuera poco, días antes ocurrió la rotura en la laguna de lodos en una mina en Abangares. Este fue un desafortunado evento, en una operación cuyo alto riesgo fue advertido en el 2011; sin embargo, por ataduras técnico-legales, la operación continuó, a pesar de múltiples advertencias posteriores de empleados del mismo Estado.
El evento en Abangares, la continua violación de la ley en San Carlos y la degradación ambiental que se da de manera clara ante todos deberían ser un llamado de atención para examinar con detalle los mecanismos disponibles en las instituciones para verificar y monitorear las condiciones de seguridad que una mina debe tener para que la explotación contribuya al desarrollo sostenible.
En el caso de que hubiera una decisión del Poder Ejecutivo para permitir la minería industrial y conociendo las actuales limitaciones del Estado, estamos hablando de la vieja historia del burro amarrado contra el tigre suelto, y en este caso sabemos muy bien cuál es el burro y cuál, el tigre.
El autor es geólogo.
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En el 2020 hubo allanamientos por extracción y exportación de oro de Crucitas. (oij)
