EscucharA pesar de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene como fin poner en cintura a los costarricenses para alcanzar una mayor recaudación, me cayó como un balde de agua fría cuando leí cada línea de la nota periodística “TSE acepta facturas de contribuyentes sin inscribir para liquidar gastos a partidos” (La Nación, 24/1/2022), lo que significa que no pagan impuestos.
Pero la desilusión y sorpresa, aparte del desánimo y la preocupación, son más grandes cuando me queda claro que no existe coordinación entre las instituciones estatales a fin de hacer valer la obligación del pago de impuestos, que todos los proveedores del Estado deben cumplir, les guste o no.
Quienes proveemos servicios o bienes debemos estar inscritos ante la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, entidad encargada de actuar y regular el uso obligatorio de la factura electrónica.
Tras una lucha de muchos años, en el 2016, fue aprobada la Ley para Mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal, en donde se estableció que Tributación debía implementar el uso de los documentos electrónicos como medio de comprobación de gastos.
El TSE, al reconocer que no todos los comprobantes que se le presentan para justificar un gasto electoral son electrónicos, permite que no se cumplan los deberes como dice la ley, y pasa por encima de la institución que dicta las políticas tributarias.
Una factura sin el debido respaldo electrónico no es válida. Los únicos que pueden entregar una factura de papel son quienes se consideran e inscriben como parte del régimen simplificado, pero también es sabido y está reglamentado que en estos casos el comprador debe convertir los comprobantes en facturas de compra en su sistema de facturación electrónica.
Este proceso comprueba, en el momento, si la factura proviene del vendedor, en las condiciones adecuadas para la emisión en papel. En resumen, quieran o no todos los comprobantes se convierten en electrónicos.
Mal nos hacemos en tratar de irrespetar los lineamientos de otras instituciones, con la única intención de simplificar un proceso o para no utilizar los medios electrónicos eficientes con la ayuda de la tecnología.
El actuar del TSE abre portillos para que los recursos económicos que obtiene el país por el pago de impuestos, con los cuales se financia a los partidos, no se usen adecuadamente y los servicios informales sigan en aumento.
¿Para que enviar la lista de proveedores al Ministerio de Hacienda si el TSE puede obligar a los partidos políticos a pactar con proveedores inscritos?
Es como si cada institución para un trámite donde sea necesario presentar la cédula le mande al Registro Civil la lista para que confirme si es verdadera o falsa.
Insto a las instituciones a hablar abiertamente y pido a los diferentes actores que no hagan de sus instituciones repúblicas independientes por temor a transgredir las funciones de otras.
El autor es empresario.
