Control legislativo sobre el FEES

Una comisión de la Asamblea Legislativa estudiará cómo se usan los fondos destinados a la educación superior.

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El martes 25 de octubre, con 45 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada una moción para integrar una comisión especial para estudiar, analizar y, eventualmente, proponer leyes o reformas sobre la administración del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

La comisión procurará una amplia participación de los representantes de las universidades públicas y los estudiantes. También tendrá en cuenta a los representantes del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Hacienda.

La comisión tendrá un plazo de 300 días, prorrogables, para entregar al plenario sus conclusiones y recomendaciones. La comisión estará integrada por nueve diputados de las distintas fracciones legislativas.

Es preocupación de los 35 legisladores que recientemente votamos en primer debate el expediente 20580, la alteración de las variables macroeconómicas, entre ellas el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, porque repercuten en los costos del transporte, la electricidad y en la canasta básica.

Por ello, resulta impresentable que las universidades públicas no ejecuten el 25 % de su presupuesto, que se convierte en superávit.

Para corregir esta infructuosidad, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) deberá hacer conciencia de que el país enfrenta una de las peores parálisis económicas de las últimas décadas, que todos debemos ser austeros, optimizar los recursos públicos en estricto apego a la lógica de las prioridades nacionales y combatir toda forma de dilación de los presupuestos de cada una de las universidades.

Problema cualitativo. Las universidades públicas representan un orgullo nacional. De lo que no nos sentimos orgullosos los costarricenses es de los datos del Sexto informe del Estado de la Educación, donde se nos advierte de que la lista de dificultades estructurales y categorías de análisis dentro de las universidades son preocupantes. Ejemplo de ello son las brechas territoriales (diversidad de carreras que imparten las distintas sedes contra la pertinencia de la oferta según las potencialidades del contexto sociocultural de cada región), las cuales se convierten en una diatriba para los jóvenes de las afueras de la Gran Área Metropolitana.

Lo mismo sucede con las disparidades de género. Es necesario aumentar la presencia femenina en carreras tecnológicas y científicas porque ello incide radicalmente en la empleabilidad de las mujeres.

El informe nos advierte, también, de la urgencia de una “reorientación de los recursos” hacia las zonas de menor desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia de la asignación de los cupos para que más jóvenes se integren a la educación superior.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Costa Rica, solo 1 de cada 10 jóvenes que provienen de familias pobres accede a la educación superior, es decir, 9 de cada 10 ubicados en este quintil no puede ir a la universidad, disminuyendo así sus posibilidades de movilidad social y, por tanto, el mejoramiento de la calidad de vida.

Alcances de la comisión. No se trata de convertir la Asamblea en un espacio para el “show mediático”, sino de abrir un foro de discusión cuasi permanente con el propósito de construir una visión que conduzca los destinos de las universidades hacia mejores resultados, hacia la atención de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Se trata de verbalizar las ideas de actores de este sistema y convertir en iniciativas de ley los insumos que brinden opciones de mayor cobertura en las regiones periféricas y la estrecha relación entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral; no obstante, para que ese propósito se logre, la comisión está obligada a profundizar en variables dependientes, como los sistemas de privilegios dentro de las universidades, los portafolios de inversión o programas de extensión, así como el aumento de cupos y programas de cada centro de estudio que por el fondo representan el conjunto de las prioridades educativas nacionales.

El autor es diputado.