EscucharLa palabra de moda en el país es “ingobernabilidad”. Las noticias de casi todos los días, de una u otra forma nos remiten al tema de la “ingobernabilidad”. Lo grave es que es cierto: el país se ha hecho ingobernable. Pero más grave aún que esa “ingobernabilidad” es que no hacemos absolutamente nada para acabar con la “ingobernabilidad”.
Asumiendo la responsabilidad que me quepa, voy a reiterar cinco propuestas que no necesitan de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, o sea, 29 votos, para aprobar una urgente contrarreforma del Estado costarricense y entrarle a fondo y de verdad al problema de la “ingobernabilidad”:
1. Voto directo para elegir a los diputados: Los costarricenses estamos hartos de votar a ciegas por planchas que nos imponen, las cúpulas de los partidos políticos, con más o menos democracia interna. Las listas deben ser abiertas y nominativas. Los electores tenemos el derecho de conocer y votar por los diputados que queremos y no por los “aparachiks” o por los designados a dedo por el candidato de turno. Mientras no se establezca el voto directo y abierto, la democracia costarricense seguirá secuestrada por esas cúpulas, y los mejores y más capaces ciudadanos (as) seguirán fuera del sistema político real, en detrimento de la calidad del sistema democrático.
2. No al gobierno de los jueces: El pueblo, en las urnas electorales, en una democracia, escoge al presidente (a), sus dos vicepresidentes (as) y a los 57 diputados para que gobiernen, unos en el Poder Ejecutivo y otros en la Asamblea Legislativa. Esa delegación de poder es transitoria. Ese poder, el pueblo no se lo ha dado a los magistrados de la Sala Constitucional. La consulta preceptiva es una delegación de poder y autoridad política por parte de los señores diputados. ¿Cómo es posible que, al igual que a don Abel Pacheco, a doña Laura Chinchilla el gobierno se le escape de las manos y, ahora, el plan fiscal tenga que esperar 18 meses en consulta en la Sala IV ? Dan ganas de reír. Las acciones de inconstitucionalidad, cuando procedan, deben ser a posteriori. Los diputados deben asumir sus responsabilidades y no delegar poder y autoridad en los magistrados. El gobierno de los jueces es inaceptable en una democracia.
3. No al gobierno de los auditores: La Contraloría General de la República, al igual que la Sala IV, está sobredimensionada en sus funciones contraloras. En una democracia funcional, no se cogobierna con los auditores. No existe ningún articulo constitucional que le dé esas facultades al ente contralor ni a los auditores internos. La CGR es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y sus funciones contraloras; en cuanto al Poder Ejecutivo se refiere, deben ser a posteriori de los actos administrativos. El presidente (a) de la República y sus ministros, en las áreas de su competencia, deben asumir sus responsabilidades y obligaciones. En ellos delegó el pueblo soberano la función ejecutiva de gobernar. No en la señora contralora ni en sus auditores.
4. No al gobierno de los abogados: También está sobredimensionada la Procuraduría General de la República. Aceptar que los dictámenes de la PGR son de acatamiento obligatorio de los ministros y presidentes ejecutivos, es aceptar un cogobierno con los abogados y entregar las funciones ejecutivas al Departamento Legal. Esos dictámenes, en no pocos casos que podríamos documentar, son contrarios al programa de Gobierno por el cual votó el pueblo, que es el único soberano. Esa delegación de poder y autoridad igualmente contradice los principios de una democracia funcional.
5. Finalmente, la ‘tramitología’: Todos los Gobiernos de los últimos tiempos han ofrecido, en campaña electoral, acabar con la tramitología innecesaria. Hasta hemos tenido ministros cuya función exclusiva era acabar con la tramitología y no lo lograron. Esa excesiva tramitología, no solo tiene asfixiado al Estado costarricense, sino que es fuente de toda clase de corrupciones e implica, igualmente, una transferencia de poder y autoridad, por cuanto el verdadero gobierno se ejerce en los niveles medios y no en los niveles de decisión política superior. En este capítulo, corresponde señalar la actualización y modernización que se debe hacer del anticuado Servicio Civil y en el Código de Trabajo, para establecer sistemas flexibles de contratación y horario de trabajo, como corresponde a un Estado moderno.
Estemos claros: si no cambiamos el sistema de elección de nuestros diputados antes del 2014, los mejores y más capaces ciudadanos seguirán sin participar activamente en política, y todo seguirá igual en Costa Rica.
Si no ubicamos correctamente las funciones de la Sala IV constitucional, la Contraloría y la Procuraduría, reformamos el Servicio Civil y el Código de Trabajo y racionalizamos la tramitología excesiva, seguiremos siendo un país en situación de “ingobernabilidad”, cuando el país requiere urgentemente un Estado funcional y eficiente, en que cada cual asuma sus responsabilidades y obligaciones, sobre la base conceptual de que el único soberano, en una democracia, es el pueblo, y que esa soberanía solo se delega, libremente, en las urnas electorales.
Costa Rica urge no de una reforma, sino de una contrarreforma del Estado costarricense y regresar, aunque suene conservador, a la división clásica y liberal entre los poderes del Estado.
Eso es lo verdaderamente progresista.
Lo contrario es seguir tan mal como estamos.
