Desde el punto de vista del consumidor, el movimiento de las empresas siempre tiene repercusión debido a los beneficios o perjuicios generados de la unión o la compra, la división o venta, entre competidores en el mercado.
Sobre las grandes empresas cuya participación en el mercado es significante, la atención es evidente, no solo por los perjuicios o beneficios al consumidor, sino también por el impacto en el empleo, los indicadores de inversión e incluso en los proveedores.
La polémica desatada por la desaprobación de la compra de locales comerciales de Gessa Perimercados por la empresa Walmart contiene algunos elementos adicionales que, como caso de estudio, es interesante analizar desde la perspectiva del consumidor.
En primer lugar, es evidente la tendencia de expansión de las operaciones de algunos actores del mercado detallista, incluida Walmart, tal como lo demuestra la apertura de nuevos locales fuera del Valle Central, principalmente, así como la incursión de comercios que no pertenecen a cadenas de supermercados, sino a inversiones asiáticas, locales o expansiones comerciales, distintos de los que tradicionalmente han competido en esta actividad.
La operación denegada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) consiste no en la adquisición de una empresa en problemas, sino en la de sus puntos de venta (una operación inmobiliaria) que no genera para el consumidor perjuicio alguno, sino la continuidad de los puntos de venta a los cuales están acostumbrados.
Diera el permiso la Coprocom o no, Perimercados posiblemente cierre y Walmart continuará sus planes de expansión. Lo contrario habría beneficiado a la fuerza laboral, que ahora posiblemente quedará desempleada, a los consumidores porque se mantendrían los supermercados y a los proveedores porque sus inventarios seguirían en movimiento.
Decisión ideológica. La Coprocom evitó beneficios al consumidor desde tres perspectivas: la reducción de puntos de venta, la reducción de la oferta al detalle de abarrotes y el impacto beneficioso de la competencia en zonas donde dominan las “garroteras” que prestan dinero, dan fiado y venden en un mismo local, en zonas rurales, principalmente; lo anterior sin tomar en cuenta la opinión de los consumidores u organizaciones de consumidores en el proceso de evaluación del caso.
No nos queda claro la intención de la medida de la Coprocom. Más allá del simbolismo de su actuación, la pretensión de Walmart no representa un cambio real en las condiciones de mercado, ya que otro actor del mercado detallista que así lo desee puede seguir abriendo los locales necesarios para su expansión en cualquier parte del país, cuando lo requiera o decida, independientemente de que pueda adquirir los de sus competidores, o de una compañía dedicada a una actividad distinta.
El temor que subyace en este caso de estudio, y para otros más que en el futuro posiblemente se presentarán, es que las decisiones en esta materia sean permeadas por la ideología y no por el estricto análisis económico, de manera que se perjudique a los consumidores cuando se sobrepone la lucha contra los gigantes a la defensa constitucional de los legítimos intereses económicos de los consumidores.
Consideramos que las resoluciones de los entes de gobierno, más allá de los simbolismos que pretendan transmitir, deben tener un impacto real en los mercados, en beneficio de los consumidores y el entorno económico sano del país.
Los autores son presidente y vicepresidente, respectivamente, de Consumidores de Costa Rica.