¿Cómo afecta el déficit fiscal a las familias pobres?

El exceso en el gasto público se debe, principalmente, a salarios crecientes de los empleados de la Administración Pública, que, además, incluyen anualidades, pluses, horas extras, prohibición, dedicación exclusiva, bonificaciones, sobresueldos, pago por trabajo en zona rural, años de experiencia, incentivos, títulos universitarios y, por supuesto, las pensiones de lujo.

Quiero aclarar el mito de que no todos los empleados públicos son pobres. Hay ricos y pobres, como en el sector privado. Quienes tienen altos salarios y altas pensiones son ricos dentro del sector público. Algo que no siempre se relaciona inconscientemente.

Cuando el dinero de los impuestos no le alcanza al Gobierno para seguir pagando los altos salarios y las altas pensiones a esas personas ricas, la solución puede venir por varias vías: a) subir los impuestos, pero eso en la Asamblea Legislativa no es viable en un año preelectoral; b) bajar el gasto público, cosa difícil porque en política no siempre lo que sube puede bajar; y c) una combinación de las anteriores, que en la actualidad es imposible.

El Gobierno se ve forzado a cubrir el faltante con deuda interna, es decir, vendiendo certificados de inversión en colones —por medio del Ministerio de Hacienda y el Banco Central— para captar recursos del mercado de dinero, compitiendo así con los bancos comerciales, lo cual genera un incremento en la tasa de interés promedio del mercado.

Remates. Al subir la tasa de interés en colones, todas las familias que tenemos préstamos en dicha moneda, endeudados para financiar la compra de nuestras casas, nos vemos afectados. Al no contener el déficit fiscal, el Gobierno vuelve a vender más certificados para cubrir el faltante, lo cual sube de nuevo la tasa de interés del mercado de colones, y este proceso se repite de manera continua hasta que cubre el faltante por completo. Cuando ese momento llega, el presupuesto de las familias ha disminuido, situación que nos pone en aprietos para vivir y pagarle la hipoteca al banco.

Este proceso nos afecta a todos, pero, principalmente, a las familias más pobres porque tienen menos posibilidades de defenderse. Muchas de ellas no podrán hacer frente a la deuda debido a las tasas de interés tan altas, y es posible que les rematen su casa.

Cuando esos señorones intocables de la Administración Pública reciben un cheque cada mes, en algún lugar del país, como Upala, San Vito, Curridabat o Golfito, alguna familia pobre está perdiendo su casa. Esto convierte al sistema en algo completamente disfuncional. Social y económicamente tóxico. Amenazante para la paz social a corto o mediano plazo.

Una razón por la cual no se toman las decisiones correctas es porque quienes deciden son empleados públicos que no quieren afectar sus propios intereses; no prevalece en ellos el interés del país, sino el propio deseo de disfrutar los beneficios y salir con una buena pensión cuando se jubilen.

Cómplices. La falta de directrices contundentes y valientes de las autoridades competentes, las convierten en cómplices, sobre todo, del descalabro económico y social que se avecina. Además, la falta de valor por miedo a un conflicto social en su gobierno hace postergar las medidas para la próxima administración, y eso causa que no se tomen hasta que la bomba nos estalle a todos en la cara. Desafortunadamente, falta poco tiempo para ello. Es muy preocupante lo que está pasando y pocos lo quieren ver.

De no cambiar de actitud, los tomadores de decisiones van a matar la gallina de los huevos de oro porque Costa Rica podría entrar pronto en insolvencia económica, por no decir quiebra técnica como le sucedió a Grecia. La única diferencia es que nosotros no tenemos un salvavidas disponible cerca como lo tuvo Grecia en la Unión Europea para que nos ayude.

El autor es administrador de negocios.