No sorprende que todo lo relacionado con el desarrollo de infraestructura sea uno de los temas principales en la próxima campaña electoral. Lo sorprendente es que haya sido tema fundamental en las últimas cuatro campañas y que sigamos esperando el milagro de que cambien las cosas cuando la clase política sigue haciendo lo mismo.
Siguen pasando administraciones que lo intentan sin mayor suceso; deteriorando, con su falta de resultados, la competitividad del país y la capacidad analítica del costarricense para entender la verdadera causa y dimensión de lo que está pasando.
Por eso es que debemos exigir que en esta materia se “coja el rábano por las hojas”, entender que el problema principal es de gestión. La falta de capacidad para gestionar eficientemente los proyectos nos ha hundido en la más profunda emergencia, a un nivel que excede la capacidad de resolución política del país.
Tocamos fondo. No nos queda otra que aplicar cirugía mayor y revisar, pero con ánimo de cambiarla, la institucionalidad responsable de tantos errores a lo largo de los últimos 30 años. Actualmente, no solo debemos pagar la factura de esa incapacidad de gestión, sino también debemos encontrar, con creatividad, cómo salir de ese atolladero sin recursos, pues el dinero público se malgastó en soluciones que no son solución.
En los últimos meses se ha producido algún debate sobre si lo conveniente es promover las alianzas público-privadas (APP); sin embargo, poco o nada se comenta sobre entrarle al fondo del problema.
Es impostergable actuar para resolver de una vez por todas la ineficiencia del MOPT, del Conavi, de Cosevi, del CNC, etc.; replantearse la oportunidad y conveniencia de mantener estas instituciones o si, por el contrario, darles “sepultura” y reformar, sustancialmente, el marco institucional para que permita, con otras reglas de juego, satisfacer las necesidades apremiantes de una sociedad que ha perdido calidad de vida y competitividad como consecuencia de ese temor político que invade a los tomadores de decisión.
El país es pequeño en territorio, pero enorme en entrabamientos, generación de mitos, leyendas urbanas y leguleyadas. Ante esta realidad, debemos ser disruptivos y solucionar estos problemas con medidas eficaces y profundas que nos ayuden a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Menos burocracia. Parte de los objetivos de esas medidas deben ir dirigidos a eliminar la enorme burocracia y multiplicidad de caciques, “consejos” o “juntas directivas” creados en la institucionalidad actual. Además, como no hay recursos económicos, hay que buscar una solución que desincentive la utilización del “modelo convencional” (sea aquel en que el riesgo financiero de la obra lo asume el Estado) y, en su lugar, fortalecer el entorno, la seguridad jurídica y derrumbar los mitos ideológicos para convertirnos en un sitio atractivo para la inversión en alianzas público-privadas, especialmente la concesión de obra pública.
Resulta interesante pensar en una transformación del MOPT, separando transportes y obra pública; nadie puede ignorar que ambos sectores, individualmente considerados, tienen una agenda nacional suficientemente abundante para un solo ministro.
Así, dejaríamos un ministro de Transportes empoderado para lidiar con ese difícil sector, asumiendo las tareas de un Cosevi y otras entidades y, por otro lado, asignamos la planificación y desarrollo de obra pública a una entidad especializada, que promueva la inversión en infraestructura, que brinde servicios de alto nivel a todas las instituciones del Estado, enfocándose en la gestión de proyectos y procesos de contratación.
Lo anterior podría resultar “amenazante” para algunos, motivante para otros, pero generaría una gran ilusión en la gran mayoría de los costarricenses que no tenemos por qué seguir pagando la factura de la improvisación y las consecuencias de la inacción del Gobierno.
El tema drena la paz social, disminuye nuestra calidad de vida, afecta la competitividad y pone en riesgo muchos sectores productivos que sostienen nuestra economía.
Sin infraestructura adecuada, el empresario no invierte, sin inversión no hay empleo y sin empleo aumenta la pobreza y la criminalidad y se extinguen las oportunidades de crecimiento.
El autor es abogado.