Alexandre Rosa. 8 julio

Costa Rica se ha posicionado como uno de los países más exitosos de América Latina y el Caribe. Ha crecido un promedio del 5,3 % en los últimos 50 años, por encima de la región (4,4 %) y de los países de la OCDE (3,4 %). El país brinda acceso universal de servicios de educación y salud, una democracia estable y un ejemplo de innovación en la conservación del medioambiente. Esto se ha reflejado en altos índices de bienestar para su población y sólidos niveles de inversión extranjera directa (IED).

El país fue visionario en su modelo económico, el cual lo colocó en la senda para integrarse a la OCDE. La creación de zonas francas y la promoción internacional del país favorecieron la llegada de grandes compañías extranjeras, resultando en mayor crecimiento, diversificación y sofisticación de las exportaciones. Costa Rica se constituye hoy como el primer exportador de productos de alta tecnología y el primer exportador de bienes, en términos per cápita, de la región. La consistencia de estas políticas con la visión del país fue clave para lograr estos avances, pero hoy, más que nunca, es necesario reavivar esta visión.

El reto futuro es alcanzar un crecimiento más dinámico, inclusivo y equitativo. Pese a uno de los gastos sociales más elevados de América Latina y el Caribe (mayor al 20 % del PIB), uno de cada cinco hogares es pobre, con una incidencia mayor en las zonas rurales, entre las mujeres, los grupos indígenas y afrodescendientes.

En contraste con el resto de la región, la desigualdad ha aumentado, lo cual ha revertido la posición de Costa Rica como unos de los países menos desiguales de la región en el año 2000. La clase media, que representa el 44 % de la población, no ha experimentado incrementos en su ingreso acumulado en los últimos diez años.

¿Qué hacer para mirar al futuro? Contar con una fuerza laboral más calificada. Si bien el capital humano ha sido uno de los principales activos de Costa Rica para atraer IED, convertirse en una economía global competitiva e interconectada exige una mano de obra mejor capacitada. Esto implica contar con un sistema educativo y de formación para el trabajo de calidad que garantice constantemente las competencias requeridas por las empresas y le permita enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional a mediano plazo.

Mejorar la vinculación con la economía local. Persiste una dispersión de productividad entre empresas exportadoras, generalmente en zonas francas, competitivas a escala mundial, y las empresas del mercado local, en su mayoría micro y pequeñas (mipymes). Superar este dualismo requiere estimular los encadenamientos productivos, fortalecer el acceso al financiamiento y promover la innovación y la transformación digital.

Proveer infraestructura de calidad que sirva a los ciudadanos. Los mayores retos se centran en la calidad del transporte vial, la infraestructura portuaria y logística, la movilidad urbana sostenible, el costo de la energía, la cobertura y calidad del saneamiento y alcantarillado. Las sinergias público-privadas podrían contribuir a la provisión de infraestructura resiliente en estas áreas.

Fortalecer el liderazgo internacional en su relación con el medioambiente. Las pérdidas económicas por fenómenos naturales alcanzan, en promedio, 0,17 % del PIB anual y se prevé que crezcan cada año. Los desafíos ambientales y de cambio climático también están ligados al impacto de las emisiones del sector transportes y de la urbanización.

El país se ha fijado una ambiciosa agenda ambiental y la meta de alcanzar la carbono-neutralidad en el 2030, lo cual demanda inversiones innovadoras en transporte sostenible, agricultura baja en carbono, saneamiento mejorado y tratamiento de aguas residuales.

Ninguna de las propuestas anteriores es alcanzable sin la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las autoridades han presentado recientemente una reforma fiscal que, de aprobarse, enviaría señales positivas sobre el compromiso del país para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Hay que seguir en esta senda y prever medidas adicionales que no solo estabilicen, sino que disminuyan la deuda pública.

El autor es vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).