El Estado de la Nación y acuerdos entre los partidos políticos han coincidido en la necesidad de sumar esfuerzos para impulsar una reforma que permita al Estado fortalecer la democracia y atender los retos que implica el evidente cambio en la conformación de la Asamblea Legislativa.
Desde inicios del siglo XXI, dos fenómenos se han consolidado en el Poder Legislativo: a) el aumento del número de partidos políticos, lo cual ha conducido a que el plenario se conforme por minorías y b) la dificultad de cumplir las principales promesas políticas del gobierno, precisamente por la inexistencia de mayorías claras.
Esta nueva forma de convivencia política demanda, como nunca antes, la búsqueda de acuerdos que faculten a los legisladores expresarse y participar independientemente de si son mayoría o minoría.
Por ello, como Comisión de Reforma del Estado, nos abocamos a proponer, prioritariamente, reformas al funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa y a las relaciones de ese órgano con el Poder Ejecutivo. Lo anterior lo hemos hecho reconociendo y respetando plenamente los derechos que les corresponden a los diputados en el trámite y aprobación de los proyectos de ley como máximos representantes del pueblo soberano.
Debilidad. Tuvimos presente, eso sí, que dentro del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo costarricense es el más débil de América Latina frente al Congreso.
Dentro de nuestro propósito de encontrar fórmulas para garantizar una mayor eficiencia en las tareas legislativas, planteamos la posibilidad de disminuir el uso de la palabra de todas las fracciones legislativas sin restringir, por esto, el derecho de enmienda de los legisladores para garantizarle así a la mayoría del cuerpo legislativo la posibilidad de decidir y expresar la voluntad popular de manera oportuna y sin dilaciones injustificadas.
Igualmente, para asegurar un mejor equilibrio entre los poderes del Estado, la Comisión planteó el trámite prioritario a dos propuestas al año del gobierno.
La propuesta que generó mayor discusión fue la de otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de decidir si acepta o no mociones de los representantes populares, que modifiquen un proyecto enviado a la Asamblea. Esa disposición pretende evitar que las mociones alejen el proyecto de la intención original del proponente, si es que esa intención se estima de importancia decisiva. Evidentemente, el uso de esa facultad no impide, en modo alguno, que el proyecto sea rechazado por los diputados, si el texto enviado por el Ejecutivo no les parece adecuado.
Facultad existente. Prácticas de este tipo respecto a la relación entre ambos poderes no son nuevas y existen en muchas democracias altamente consolidadas, como la nuestra. Por ejemplo, en Chile, el Poder Ejecutivo puede acelerar y evitar el trámite en comisión de sus iniciativas cuando las estime urgentes (artículo 71 de la Constitución) y en Uruguay existe la posibilidad de que los proyectos urgentes se conviertan en ley si el Congreso no se pronuncia en un tiempo establecido (artículo 168 constitucional).
No se trata de cualesquiera países: Chile, Uruguay y Costa Rica mantienen en las mediciones, por margen considerable, los primeros tres lugares entre las democracias latinoamericanas, pero con una diferencia: algunas de esas mediciones hacen el llamado de atención a Costa Rica por su imposibilidad estructural para tomar decisiones.
Devolverle a nuestro Parlamento la capacidad de responder, en forma eficaz y oportuna, a problemas reales de nuestra sociedad es, acaso, la medida más significativa que podemos tomar para fortalecer la democracia costarricense.
Nuestras propuestas, presentadas a título de la Comisión de Reforma del Estado, tal como se consigna en la nota entregada a la Asamblea Legislativa, aspiran a mejorar la gobernabilidad democrática nacional y a generar el debate de asuntos trascendentales.
El diverso grupo de personas firmantes, quienes integramos la Comisión de Reforma del Estado, nos encontramos realizando ese tipo de diálogo, al cual hemos invitado a sumarse a quienes son actores principales en la vida política nacional.
Rodolfo Piza, Marcia González, Rolando Araya, Francisco Antonio Pacheco, Velia Govaere, Mario Redondo, Kevin Casas, Abril Gordienko, Vladimir de la Cruz, Sol Echeverría, Diego González, Margarita Bolaños, Roberto Salom y Silvia Castro.