Ronald Matute. 28 febrero

Cuán cierto es aquello de que cada cabeza es un universo. En el peculiar mundo de tres jueces laborales, la huelga de 89 días de los educadores contra la reforma fiscal reunió los requisitos para declararla legal.

Cuesta mucho digerir que el movimiento no afectara servicios esenciales al generar, como efecto secundario, el cierre de comedores escolares. Los tres jueces deberían ir a explicarles su resolución a los 79.000 niños y jóvenes afectados, pues muchos de ellos reciben en el comedor sus únicos alimentos del día.

Otra aberración de la sentencia es que los tres jueces laborales admiten como válida la figura de la “huelga política”, cuando no está reconocida

Por otra parte, los jueces alegan falta de pruebas para demostrar algún vínculo de los huelguistas con hechos violentos o no pacíficos. ¿No es acaso una forma de violencia negar, indirectamente, el alimento a los alumnos pobres y obstruir su derecho inalienable a la educación?

Es posible que los jueces no observaran las imágenes de manifestantes amedrentando y bloqueando a estudiantes que escoltaban la antorcha de la independencia. Las tomas muestran entre los protestantes a personas portando banderas de organizaciones del magisterio nacional, muy similares a las vistas en bloqueos de calles.

Recordemos, además, las campañas del miedo con amenazas y mentiras que pulularon en las redes sociales para asustar a quienes no fueron a huelga y a quienes querían regresar al aula. Aunque es difícil demostrar quiénes fueron los responsables de esa campaña, su actuación revela un movimiento salpicado por la violencia oculta.

Otra aberración de la sentencia es que los tres jueces laborales admiten como válida la figura de la “huelga política”, cuando no está reconocida. La ley regula la huelga cuando existe un conflicto entre el empleado y su patrono, pero no cuando la protesta surge por una decisión del Estado (en este caso la reforma fiscal).

Ante ello, resultan imperiosas las reformas legales para impedir a los gremios seguir boicoteando servicios esenciales y coartando los derechos del resto de la ciudadanía. Una ley clara, rigurosa, sin portillos y rociada por el sentido común es necesaria para librar a Costa Rica de interpretaciones antojadizas y del caos social.

El autor es jefe de Información de La Nación.