Una compañía estatal cuya labor es la compra y distribución de hidrocarburos fósiles, en momentos cuando Costa Rica pone la mira en fuentes de energía limpia, parece desfasada.
Una institución con una onerosa convención colectiva, cargada a las tarifas de los usuarios para pagarla, y, a cambio, vende los combustibles más caros del Istmo, debería sentir goma moral. Habiendo dejando hace tiempo de refinar el grueso de su materia prima, no debería llamarse Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Recope atraviesa una crisis existencial, no solo por los vicios adquiridos desde hace años, sino también por los vientos de cambio en el mundo.
¿Qué mejor momento para evaluar en profundidad su futuro? El gobierno presentará, este mes, un proyecto de reforma con la intención de convertirla en motor de su plan de descarbonización de la economía.
Muy poco se conoce de la iniciativa. Sin embargo, las primeras señales emitidas por la administración apuntan a una transformación radical. El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, dijo en diciembre pasado que la reforma pretende que la entidad firme alianzas, así como industrialice y distribuya combustibles alternativos.
Tales manifestaciones suenan como a epitafio, como a un adelanto del fin del modelo de operación asignado a la refinadora por décadas. Sin embargo, habrá que esperar a que el Poder Ejecutivo ponga sus cartas sobre la mesa para saber qué pretende y comenzar el debate.
Uno de los asuntos que, ineludiblemente, deberá abordar es el monopolio de la entidad en la importación y distribución de hidrocarburos. ¿Será correcto proclamar a Recope único amo y señor de los combustibles limpios? ¿O más bien debe promoverse la participación de otros actores?
Otro asunto escabroso será, sin duda, definir el tipo de empleado requerido para el nuevo ente. De ello dependerá el eventual proceso de capacitación o cambio de la planilla actual.
También deberá analizarse el impacto en las tarifas y la calidad de los combustibles. Las preguntas sobran; llegó la hora de aclararlas.