¿Autonomía en la Caja?

La decisión del mandatario Luis Guillermo Solís es controversial, porque significa una injerencia del Poder Ejecutivo en una entidad que, según la Sala Constitucional, goza de “una categoría especial dentro de las instituciones autónomas porque, a diferencia de estas, no solo es de creación constitucional, sino que tiene un grado de autonomía mayor, asimilable al grado de autonomía de que gozan las municipalidades, cual es, autonomía de gobierno”.

Esa resolución, la número 2011-015655 del 11 de noviembre del 2011, defendió la potestad de la CCSS cuando los diputados quisieron meterse a legislar sobre pensiones.

Los magistrados declararon inconstitucional esa intención del Congreso, pues solo la CCSS –su Junta Directiva, en este caso– puede hacer los ajustes en las condiciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

De hecho, una sentencia de la Sala Constitucional, del 25 de octubre de 1994 (n.° 6256-94) recordó que la Asamblea Constituyente se cuidó de que el Ejecutivo metiera mano en decisiones de la CCSS. Ese fallo recordó la frase del constituyente Arturo Volio, quien recalcó que a la Caja hay que darle “plena autonomía para independizarla así del Poder Ejecutivo”.

Otra sentencia de los magistrados, la 2003-02355, advierte que “la Caja es en definitiva el ente encargado de la administración de la seguridad social y está dotada de máxima autonomía para el desempeño de su importante función”. Y agrega que la Junta Directiva tiene “plena competencia” para “definir las condiciones” de cada régimen de protección social, en este caso el IVM, “con sustento en estudios actuariales, a fin de no quebrar el sistema”.

Todo esto lleva a cuestionar el irrespeto del Gobierno al espíritu de los constituyentes que dieron soberanía a la CCSS. A Sáenz la quitaron no por faltas éticas, no por omisiones, sino por decidir con base en un estudio actuarial de la UCR, que confirma que el IVM está en crisis.

El autor es jefe de redacción en La Nación.