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(Shutterstock)
Durante muchos años los pequeños empresarios de transporte público nos hemos afanado para cumplir lo que nos imponen el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Indiferentes a la realidad, ambas entidades creen que Costa Rica es igual dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana.
A menos de tres meses para la renovación de las concesiones, muchos empresarios, con el fin de mantener el derecho a seguir trabajando, debemos hacer hasta lo imposible por salvar nuestro patrimonio, que respalda las inversiones llevadas a cabo durante los últimos siete o diez años.
Durante los pasados 16 meses —equivalentes a una eternidad por la gravedad de la crisis— nuestras deudas se han incrementado, los buses están guardados en los predios (pero pagamos el canon al CTP y a la Aresep sin aumento de pasajeros). Nuestras pérdidas son cuantiosas.
Nosotros no tenemos posibilidad de darnos lujos, como tomar un día libre a la semana o trabajar menos de 12 horas al día, pero quienes toman las decisiones siguen tranquilos, pues no les falta el salario cada 15 días.
El gobierno continúa sin atender nuestra situación. Nos escucha y nos da la razón; sin embargo, no hace nada por ayudarnos. Hay personas redactando los contratos de concesión, y no sabemos qué terminará diciendo el documento.
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Múltiples funciones. Nosotros debemos luchar solos. Somos gerentes, choferes, mecánicos, analistas y hasta «chaneadores». Las autoridades definen directrices que nos perjudican y nos dejan en desventaja contra piratas y servicios informales, a los cuales el gobierno sí defiende para no afectar las cifras de desempleo.
No hace bien el gobierno cuando habla de cosas desconocidas, como de reactivación económica, si está quebrando al sector de transporte regulado, adrede o no.
Los bancos estatales nos niegan capital de trabajo, nos cierran las puertas a inversiones mínimas, pero imposibles por la falta de liquidez actual, y nos quieren sujetar a disposiciones redactadas en la comodidad de un escritorio o de común acuerdo con algunos interesados en detalles particulares o requisitos sin posibilidad de cumplimiento para hacernos a un lado.
No hay igualdad si un bus de una zona rural debe pagar el mismo canon (sin él no nos dan la revisión técnica vehicular) que otro que presta servicio de largas distancias o en San José, porque ganan como mínimo dos o tres veces más en un día que los concesionarios de las zonas rurales.
El canon es un monto que varía cada año. Por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, ascendió a ¢1.041.000 por cada autobús. Se paga anualmente, y yo, que tengo cinco unidades, desembolsé ¢5.205.000 en total. Aun con el descuento en el 2020, me corresponde cancelar ¢1.018.700 por cada bus para una factura total de ¢5.093.500.
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Rigidez tarifaria. No debe existir un solo modelo tarifario para empresas de 2, 3 o 5 buses, si la operación es distinta a una de 100 buses o más, pero la Aresep se ha dedicado a encarecer la regulación. Además, miles de millones en indemnizaciones a empresas por errores de los funcionarios del órgano regulador debemos pagarlas nosotros los autobuseros por su ineficiencia.
No es cierto que queremos todo para nosotros o que estemos nadando en dinero, como hacen creer a los ciudadanos. Me daré por satisfecho cuando hablen de empresarios de transporte.
Ustedes, estimados lectores, piensen que en Sabalito de Coto Brus hay uno que trabaja duro, al igual que en Talamanca hay otro que lucha día tras día contra el sistema y en Puriscal también, y así sucesivamente.
Somos muchos pequeños empresarios que nos esforzamos como los grandes, contra viento y gobierno, que quedaremos excluidos por no tener los medios para cumplir todo lo que nos piden.
El autor se dedica al transporte público en Sabalito desde hace 35 años.
