EscucharSin la sostenibilidad de las finanzas públicas, el país no podrá seguir garantizando educación de calidad, salud e infraestructura. En el 2017 el balance fiscal primario del Gobierno Central, sin incorporar nuevos ingresos y manteniendo la actual estructura de gastos, tendrá un déficit que superará el 3% del PIB y un déficit financiero que se acercará al 6,5% del PIB.
El pago por intereses en el 2017 superará el 3,4 % del PIB y la deuda llegará a sobrepasar el límite del 50% del PIB.
Los riesgos de Costa Rica en el 2017, de no lograrse una corrección en las cuentas fiscales, se centrarán principalmente en una peor calificación de los organismos financieros y los bancos internacionales, mayor riesgo con la dolarización del crédito, una menor inversión extranjera y local por una mayor desconfianza en la estabilidad futura, un ajuste cambiario por el deterioro de nuestra balanza de pagos, un posible incremento en las tasas de interés a escala internacional por ajustes de la Fed, un estrujamiento en el mercado financiero local por la demanda de mayores recursos por parte del Ministerio de Hacienda, un posible ajuste en los precios de muchos de los comodities que tienen más de dos años de tener bajos precios y una disminución del crecimiento proyectado del Banco Central.
Medidas. Todavía no contamos con un cuadro claro de cuáles van a ser las medidas de racionalización del gasto público y solo insistimos en más impuestos al sector productivo y laboral.
¿Cuáles han sido las mejoras del sistema de remuneraciones del sector público? ¿Cuánto hemos avanzado en la unificación de un sistema único y transparente de las compras públicas? ¿Qué medidas se han tomado contra el comercio ilícito? ¿Se ha logrado acaso un control riguroso de las transferencias del Gobierno? ¿Cuál es la política en materia de salarios y empleo del sector público? ¿Qué medidas se han tomado para migrar a un presupuesto por resultados? ¿Qué acuerdos importantes se han logrado en la Asamblea Legislativa?
Es primordial entender que antes de pensar en nuevos ingresos fiscales, debemos establecer límites al crecimiento del gasto corriente y que todo gasto nuevo debe traer una nueva fuente de ingresos.
Todos los poderes y las instituciones que reciban transferencias del presupuesto nacional deben ajustarse en materia financiera y administrativa. Todas las instituciones públicas y el gobierno deben hacer una evaluación anual de su costo-beneficio y proceder a ajustarlas con lineamientos presupuestarios.
No podemos dejar por la libre al gasto y a las inversiones de instituciones que significan el doble del tamaño del Gobierno Central. No puede existir un Gobierno con salarios restringidos e instituciones públicas con salarios crecientes y desmedidos a la realidad financiera nacional.
Es un hecho que no podremos ordenarnos financieramente sin un control estricto de la dinámica salarial. Hay que buscar un sistema unificado con base al mercado y las características de cada institución. No podemos permitir que los salarios se salgan de ciertos parámetros con base en las capacidades y las responsabilidades de cada asalariado.
No tendremos efectividad en el manejo del gasto social cuando, con gran creatividad, hemos creado un enjambre de instituciones que duplican funciones y gastos. Tenemos que modernizar y simplificar unas y cerrar otras.
Reducir el gasto. Es importante establecer medidas claras soportadas en leyes sencillas y oportunas. No podemos seguir en la total ingobernabilidad en que estamos. No puede ser que no tengamos capacidad ni de arreglar una “platina”, ni de generar nuevas infraestructuras. Tenemos que tener un salario único sin pluses para todas las contrataciones nuevas del sector público, como es en el sector privado.
Hay que balancear los altos salarios del sector público estableciendo una contribución solidaria para los salarios superiores a 10 salarios mínimos. Contribución solidaria que variará de un 25% a un 50% sobre los excedentes de acuerdo con una escala justa.
De esta forma, los empleados públicos que tengan altos ingresos contribuirán en forma solidaria al problema fiscal.
Por el lado de los ingresos, debe transformarse el impuesto sobre las ventas por el IVA, ampliando la base impositiva, y permitir deducir un porcentaje de los gastos en servicios profesionales de la renta personal.
Esto le permitirá a Hacienda enlazar todos los ingresos de cada sector, ya que una gran mayoría de los servicios no aceptan las tarjetas de crédito. Hay que migrar a un IVA personalizado y paralelamente evaluar la renta global, al igual que grabar todas las rentas con la misma tasa.
Eficiencia. No podemos seguir creciendo en más plazas y aumentar salarios nominales en el sector publico. Hay que lograr converger todas las pensiones del sector público a un solo sistema que sea justo y solidario de acuerdo con los aportes.
Tenemos que congelar el crecimiento real de las transferencias corrientes del Gobierno. Debemos revisar con cuidado la Ley de Contratación Administrativa para agilizar los procesos y acortar los periodos de contratación.
No podemos seguir sin analizar la salud financiera de las instituciones más importantes del sector público, por lo que se deben aplicar las normas financieras internacionales (NIIF) para tener total transparencia y coherencia.
Las NIIF deben servir de marco regulador para la presentación de los estados financieros de toda institución.
Hay que establecer mecanismos de control para revisar los estados financieros del ICE en el sector de las telecomunicaciones, guardando los requisitos del artículo 35 de la Ley del Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del sector. No cabe duda de que el Grupo ICE, el INS, los bancos públicos, la CCSS y las universidades públicas deben ser sometidas a un control muy estricto por su tamaño en las finanzas publicas.
No actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que más de 60.000 empleados públicos tienen salarios de entre ¢1,6 millones y ¢2,8 millones mensuales. Por otra parte, más de 250 empleados ganan más de 10 millones mensuales y unos 3.400 funcionarios superan los ¢5 millones.
Hay que poner orden antes de que las planillas terminen de asfixiar a las instituciones.
Es preocupante que una institución como el ICT, clave para el sector turismo, en menos de seis años entrará en crisis de no racionalizar sus gastos. ¿Cuántas otras instituciones estarán en la misma situación?
Acaso estamos ante un clientelismo político, que se reparte privilegios insostenibles. Hay poco tiempo para rectificar, pero no cabe duda de que antes de buscar nuevos ingresos, debemos ser responsables y austeros con el gasto para evitar endeudarnos.
Tenemos un gran número de instituciones que formamos en el pasado, como proyecto de vida social, que al final solo benefician a un grupo muy reducido de empleados públicos.
La verdadera solidaridad es que todos contribuyamos para un nuevo orden de prioridades en un Estado eficiente, vigoroso, ágil, transparente y simple. Un gobierno que reparta las cargas tributarias en forma justa.
Todos estamos de acuerdo con los ajustes fiscales, pero primero que el gobierno y las otras 224 instituciones demuestren austeridad y capacidad.
El autor es ingeniero.
