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Atolillo con el dedo

La gran mayoría de los abusos se encuentra en los regímenes dejados al margen de las reformas

Prácticamente todo el país ha lanzado las campanas al aire por la reciente aprobación de varios proyectos de ley que supuestamente terminaron con los privilegios que representan las denominadas pensiones de lujo.

Sin embargo, la realidad es otra. Únicamente se acabó con una parte mínima de las pensiones de lujo, por lo que su impacto presupuestario será bastante reducido.

Para terminar de verdad con los privilegios injustificados en materia de pensiones, bastaría con una ley de un artículo y dos transitorios que dirían lo siguiente: “Artículo l.- Se derogan todos los regímenes de pensiones existentes, con excepción del administrado por la CCSS¨.

“Transitorio primero: Los actuales cotizantes a los regímenes de pensiones derogados por esta ley se trasladarán al régimen de la CCSS dentro del plazo de seis meses una vez entrada en vigor la presente ley”. “Transitorio dos: Quienes actualmente usufructúen de alguno de los regímenes de pensiones derogados por esta ley, pagarán una contribución solidaria sobre el exceso del tope de las pensiones del régimen de la CCSS según la siguiente escala...”.

De esa forma se cumpliría el mandato constitucional del artículo 73 y se acabarían de verdad con todos los privilegios injustificados en materia de pensiones.

Consecuencia de ello, a todos los pensionados de los distintos regímenes existentes en la actualidad se les aplicaría el tope existente para los pensionados de la CCSS, que ronda ¢l.800.000. Sobre el exceso actualmente devengado pagarían una contribución solidaria que oscilaría entre el 25% y el 75%.

Fallo de la Sala. En los años noventa, el entonces diputado José Miguel Corrales planteó una acción de inconstitucionalidad contra el régimen de pensiones del Poder Judicial. Sin embargo, los magistrados de entonces –que eran juez y parte– no se excusaron de conocer la acción y dejar que fuera resuelta por magistrados suplentes que, eventualmente, no serían beneficiarios del régimen de pensiones impugnado.

La sentencia de la Sala estableció, como era previsible al ser fallada por jueces que eran parte interesada en el caso, contra el texto expreso del artículo 73 de la Constitución, el cual no admite ningún tipo de interpretaciones, salvo su aplicación literal, que el régimen de pensiones del Poder Judicial era constitucionalmente válido.

La sentencia de la Sala soslayó olímpicamente la aplicación del artículo 73 de la Constitución Política, según el cual existe un régimen único de pensiones en Costa Rica, de cotización tripartita administrado por la CCSS.

Dijo la Sala Constitucional, en la malhadada sentencia, que el régimen del Poder Judicial y cualquier otro régimen de pensiones existente no eran inconstitucionales, a condición de que fueran autofinanciables.

El tiempo ha demostrado que ninguno lo es, incluido el de la CCSS. De esa forma se legitimaron, entre otros, los regímenes de pensiones del Poder Judicial, del Magisterio, de Hacienda, etc., que son la fuente principal de los abusos injustificados en materia de pensiones.

Las leyes aprobadas recientemente en materia de pensiones no resuelven ningún problema fiscal y se limitan a eliminar abusos en perjuicio de unos pocos pensionados de lujo. Es una buena señal, pero totalmente insuficiente.

La gran mayoría de los abusos se encuentra justamente en los regímenes dejados al margen de las reformas. Por tanto, lo que la Asamblea Legislativa nos dio, en lenguaje coloquial, fue atolillo con el dedo.

El autor es abogado.

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