En La Nación del 28 de octubre leímos con estupor las declaraciones de dos magistrados, de cuyo nombre no quiero acordarme. Como si hubiéramos retrocedido 300 años –tal vez sí hemos retrocedido– estos magistrados nos remueven sensaciones tenebrosas que creíamos olvidadas y nos devuelven a la penumbra histórica del Antiguo Régimen.
En sus declaraciones, resuenan ecos de reyes absolutos –ahora magistrados absolutos– que, con sus palabras elitistas y llenas de desprecio para el resto de la sociedad, reviven las actitudes por las que la Ilustración luchó contra el Antiguo Régimen, su aristocracia y sus privilegios.
Estos autoproclamados magistrados absolutos nos dicen, casi con orgullo, que ellos constituyen la nueva aristocracia. También nos informan que ser magistrado es un ¿sacrificio?; que ellos son los nuevos Luises XIV y que para nuestro espanto tenemos no uno, sino 22 magistrados absolutos, cuyo estatus económico y social es intocable.
Así nos informan: directo, crudo y brutal, sin anestesia, y por aquello de la economía procesal, aprovechan el mensaje y veladamente nos amenazan.
Teología judicial. Para completar este escenario dieciochesco, tenemos nuestra propia María Antonieta –tan fuera de la realidad como la Habsburgo original– que va a la Asamblea Legislativa y sin siquiera sonrojarse nos insinúa que los magistrados son seres casi celestiales y que provienen de una dimensión astral superior e incomprensible para el pueblo.
Luego nos aclara que por un designio especial, solo entendido por los propios magistrados, se nos concede el “honor” de mantenerlos a ellos, con todo y sus privilegios.
Esa es la nueva teología judicial. “El pueblo no tiene pan para comer”, le advirtieron a María Antonieta, como grave signo de los tiempos que estaban viviendo. “Que coman pasteles”, respondió la Habsburgo, insensible y en total desconexión con la realidad que terminó por sacarlos del poder.
La presidenta de la Corte prácticamente nos ha mandado “a comer pasteles”: mis privilegios son intocables, ha dicho, y no se hable más del asunto.
Uso del poder. En el pasado, esas visiones del mundo generaron la inevitable antítesis, encarnada en la Revolución francesa, que desterró tanto a los aristócratas como a sus privilegios. Sin embargo, hoy tenemos un problema mayor: estos magistrados absolutos tienen el poder de resolver todos los asuntos que tienen que ver con sus propios salarios y pensiones.
Y no solo tienen ese poder: ya fuimos amenazados por el presidente de la Sala IV de que usarán ese poder para mantener sus privilegios.
En cualquier ley, recurso o demanda contra los salarios y pensiones de los magistrados, ellos o sus suplentes serán juez y parte, grave conflicto de intereses, del que ya fuimos advertidos cómo actuarán: los magistrados absolutos usarán el poder que les dimos para mantener sus privilegios. Ya lo dijeron: quedamos advertidos.
Constituyente. Esta Corte abusiva y carente de autocontención nos está acorralando, porque no nos da ninguna opción. ¿Soluciones? Realmente pocas, a pesar de que somos 5 millones y ellos solo 22.
Como ser magistrado es un “sacrificio”, yo les pido a los magistrados que renuncien para que así recobren la salud y la paz perdidas.
Como sospecho que no van a renunciar –intuyo que su vocación de servicio puede más que el sufrimiento que los aqueja– solo nos queda convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para que desde la Constitución frenemos y pongamos límites a estos iluminados: que se les nombre solo por ocho años, por una única vez, sin reelección, y que se definan sus salarios y pensiones con parámetros constitucionales, para que la Carta Magna impida que esta Corte pueda retorcer la ley, para su propio beneficio.
¡Ave, magistratus, morituri te salutant!
El autor es profesor universitario.