Todo cambio a las finanzas públicas demanda discusión que toma tiempo. La mayoría de las veces, más del esperado por las autoridades. No es casual que sea así, tratándose de una materia sensible para quienes deben pagar más para las cuentas del Estado.
Sin perjuicio de las exigencias para una reforma fiscal o del tono apocalíptico con que a menudo tienda a justificarse, el momento y el proceso para arribar a un acuerdo que permita su aprobación debe ser objeto de atención y aprendizaje.
En cuanto a lo primero, el momento, aunque deseable, difícilmente un cambio en las reglas impositivas tenga lugar en un lapso distinto a aquel en que sea requerido. Habitualmente, ocurre cuando se está frente a situaciones de apremio en las finanzas públicas, como ahora mismo. Cuesta pensar en una propuesta de aumento de impuestos alejada de un entorno de crisis. Incluso, podría parecer un sinsentido discutir un aporte mayor de recursos si el Estado opera con normalidad y no pasa mayores inconvenientes.
Ahora bien, cuando ese último supuesto no se cumple y las partidas presupuestarias registran constantes desajustes, la discusión y la aprobación de una reforma fiscal se impone, captura la atención, no habiendo otro momento para su tratamiento.
Donde sí existe un margen para un intercambio mucho más amplio y participativo que contribuya a allanar las posiciones es en una etapa previa, lejos de las presiones de un estado de pánico. En tales circunstancias se toman acuerdos de mayor alcance y dan sustento a una modificación posterior, perdurable en el tiempo, que evita enmiendas periódicas con las consecuentes tensiones que ello produce.
Posposiciones. Ese no es el caso actual, pues, al igual que en lo fiscal, el país muestra una cantidad de materias pospuestas en su debate de fondo. En la mayoría de las ocasiones siempre la discusión se concentra en la resolución de los problemas a corto plazo.
Es decir, las formas para escuchar, discutir y negociar una reforma fiscal, y frente a la resistencia contra la propuesta en discusión en la Asamblea Legislativa, es totalmente válido reflexionar sobre la forma o mecanismo para construir acuerdos.
Naturalmente, el espacio por antonomasia y reglado para la negociación y aprobación de tributos se encuentra en el terreno parlamentario; sin embargo, ello no excluye que fuera de ese ring, en paralelo o previo a la presentación de una propuesta legislativa se instauren espacios de intercambio y generación de propuestas a partir de objetivos comunes a largo plazo sobre la Hacienda pública con participación de actores públicos y privados.
A modo de ejemplo, pensando en opciones exploradas para favorecer la formulación de soluciones a los problemas fiscales, en el 2002 se creó en la Asamblea Legislativa una comisión mixta para el pacto fiscal, con intervención de representantes de distintas organizaciones (Uccaep, el Foro Agropecuario, ANEP, Cadexco, Conacoop, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y solidarista), quienes contribuyeron con una serie de propuestas en las que, además de ingresos, ya se enfatizaban reformas en los gastos del Estado y en la rendición de cuentas.
Diálogo. Fórmulas para dialogar y concertar posiciones hay muchas, pero lo que revela cada nueva discusión fiscal (la actual no es la excepción), es un esfuerzo de convencimiento mucho mayor, donde alcanzar acuerdos es cada vez más complejo y tenso, lo cual obliga a entender que proyectos en materia tributaria, particularmente cuando se trata de reformas a largo plazo, deben considerar aspectos de tiempo y forma para su impulso.
En un caso, se trata de que las autoridades promuevan canales de diálogo y negociación en asuntos complejos, no mediatizados por lo inminente de una crisis, de modo que exista un intercambio superior al problema puntual del momento.
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Superada la coyuntura actual, una nueva discusión fiscal debe tener en cuenta que el apremio económico no es suficiente argumento para su defensa. Antes, como mínimo, deberán identificarse cuáles fueron los resultados tras la última reforma fiscal —la que espera por su pronta aprobación—, además de incursionar en nuevas formas de debate y negociación, hasta de preparación de proyectos que hagan posible auspiciar discusiones de mayor profundidad en torno del Estado, su organización, desempeño, objetivos y sus finanzas, lo cual contruibuirá a acercar las posiciones de sectores tradicionalmente antagónicos en sus propuestas.
No podemos predecir cuándo tendrá lugar una nueva revisión de la carga impositiva, pero sí podemos adelantar la discusión de temáticas que exceden el ámbito de lo fiscal, pero son determinantes del comportamiento futuro del erario. Nada impide poner la misma intensidad a esos otros asuntos.
El autor es abogado.