EscucharHe seguido con atención la polémica sobre Cocorí , la novela de Joaquín Gutiérrez. Después de leer tantos análisis, me parece que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿Afecta, hiere o lastima el libro la dignidad de la población afrocostarricense? ¿A quién le corresponde determinar este hecho: a los blancos o a los negros? Luego, si la población negra se siente lastimada, ¿cuál debe ser el papel del Estado, desde el punto de vista del derecho a la dignidad que nuestro sistema democrático constitucional reconoce a todas las personas?
Lo más importante de esta discusión no es si el libro contiene o no prejuicios raciales. Cada quien es libre de opinar según sus valores. A mí me parecen evidentes, aunque algunos digan que se trata de una obra literaria y que no aspira a representar la realidad.
Hablemos con sinceridad: la confusión de Cocorí con un monito reproduce prejuicios que imperan hasta la actualidad. Nada más hagamos un repaso de la “chistografía” que prevalece en el mercado de la libre expresión, verbigracia contra los nicaragüenses, pero también contra los negros.
De todas formas, el significado de un libro no es el que tuvo en mente el autor: un libro termina significando lo que interpretan sus lectores. ¿De cuántas formas diferentes, por ejemplo, se ha interpretado Hamlet de Shakespeare? Toda lectura, incluso sobre temas tan aparentemente neutrales como podría ser la propia Constitución Política, se hace desde una perspectiva valorativa o ideológica. Resulta seductor pensar que si existe un Estado con una ley suprema que es la Constitución, esta solo puede significar una cosa, pero no es así. En la práctica se dan muchas interpretaciones, dependiendo de la ideología de los intérpretes.
Efecto real. La pregunta de fondo no es si Cocorí contiene o no elementos racistas. Más bien, lo que debemos analizar y valorar es cómo se siente la población negra con la novela. ¡Ellos lo sufren, ellos lo saben! Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, y con respecto a los grupos históricamente discriminados, como las mujeres, los homosexuales y los negros, la lectura y enjuiciamiento de Cocorí debe hacerse no en relación con ellos, sino desde ellos. Esto es, desde la dignidad de las personas que estarían más legitimadas para determinar el contenido agraviante de la novela. Si ese enjuiciamiento se deja al grupo dominante, a priori, sabemos cuál sería el resultado.
En tal sentido, como sociedad respetuosa de los derechos humanos, debemos prestar atención al hecho de que la población afrocostarricense, desde hace muchos años, se viene quejando de este libro porque les agravia, les hiere y lastimada su dignidad.
El reconocido escritor Quince Duncan planteó muy bien el problema de recepción que suscita esta obra: “Son cientos de niños negros que han llegado a la casa llorando, habiendo perdido su nombre, sustituido por el apelativo ‘Cocorí’. Y son cientos de padres que han tenido que aplicarse a fondo para restituir la autoestima a sus hijos varones”. Esta es la voz que debe imperar en materia de derechos humanos: la de la víctima o la que representa a las víctimas.
Entonces, dado que una minoría de ciudadanos negros afrocostarricenses sienten violada su dignidad por algunos elementos racistas de Cocorí , ¿qué debemos hacer? ¿Inquisitorialmente censurar, prohibir, confiscar o quemar el libro? No.
Medidas de ese tipo serían inconstitucionales y atentarían contra derechos humanos ampliamente regulados en la Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Baste con enfatizar que la Constitución reconoce en el artículo 29 que, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura”.
La solución es muy simple: el Estado debe abstenerse de realizar o patrocinar actos que de cualquier manera promuevan la lectura o financie actividades relacionadas con la obra.
De esta forma se resuelve el conflicto de intereses planteado: se respeta la libertad de expresión y al mismo tiempo se tutela la dignidad de los afrocostarricenses. No es necesario censurar ni quemar Cocorí ; basta con que el Estado no haga nada. Cosa muy diferente sería si una empresa privada, con recursos propios, realiza un musical u otra representación artística de la obra. El Estado no podría impedirlo.
La persona humana, según Kant, nunca puede ser tratada como un medio para los propósitos de otro, ni ser confundida entre los objetos del derecho real.
La persona y su dignidad constituyen el fin de todas las acciones públicas. Desde este punto de vista, el derecho y el Estado son los medios que tienen las personas para proteger sus derechos, erradicar la discriminación y toda forma de violencia social y propiciar formas más justas de convivencia.
En consecuencia, el Estado tiene que comportarse siempre como amigo de todos, sin producir actos que en modo alguno afecten la integridad física, psíquica y moral de ninguna persona. Esta es la cuestión de fondo.
(*) El autor es abogado constitucionalista.
