El jefe de Redacción de La Nación, Armando Mayorga, en su columna “Buenos Días” del pasado 11 de octubre, publicó una serie de datos sobre el Banco Popular y Desarrollo Comunal que deben ser aclarados.
El Banco no ha perdido su norte y su sentido popular. La hoja de ruta de esta institución está definida por las pautas y orientaciones generales que surgen de la voz de una Asamblea de Trabajadores que agrupa a sectores cooperativo, solidarista, sindical y comunal, entre otros, que en conjunto representan a más 1,2 millones de trabajadores.
Lejos de excesos, los salarios de los funcionarios están fijados según estudios de mercado del sector financiero. Únicamente el 23 % de los trabajadores cuenta con remuneración salarial bajo el esquema de salario base más pluses porque desde el 2001 el personal de nuevo ingreso recibe el salario único, lo cual ha generado ahorros de ¢16.000 millones.
Desde hace meses, en acatamiento a la directriz presidencial, el Banco estableció el salario del nuevo gerente en ¢9,5 millones mensuales, no en ¢12,9 millones.
No existen, a la fecha, miembros de la Junta Directiva Nacional suspendidos.
El tope de cesantía de 20 años fue establecido por la Sala Constitucional hace cuatro años, pero se está a la espera de resoluciones judiciales que podrían modificar el contenido de la convención colectiva en este y otros puntos.
En el caso de los interinos, todos los funcionarios del Banco, sin distinción, están cubiertos por normativa establecida en el Código de Trabajo y la convención que definen con claridad el procedimiento correspondiente, bajo el marco de un debido proceso, para dar por terminada la relación laboral.
El autor es gerente general corporativo del Banco Popular.