7 noviembre

En el artículo publicado el 30 de octubre, bajo el título “Tope a pensiones de lujo pasaría con 38 votos si la Corte se opone”, al referirse a la propuesta legislativa de imponer una contribución solidaria a partir de la suma aproximada de ¢2,6 millones, se informó de que “esa base fue exactamente la que sugirió un estudio actuarial contratado por el Poder Judicial”.

El estudio actuarial llevado a cabo por la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S. A. (Pipca) no recomienda disminuir el monto base para cobrar la contribución solidaria, establecido en el artículo 236 bis de la Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Ley 9544), contenido en la Ley 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 5 de mayo de 1993 y sus reformas, únicamente presenta diferentes escenarios dentro de los cuales se encuentra el tope de ¢2,6 millones.

Las recomendaciones relacionadas con el monto salarial para evaluar la pensión están en el punto 5, el cual establece que para el cálculo se utilicen todos los salarios cotizados a valor presente, como se hace con los veinte años, así como la recomendación de eliminar el monto de pensión máxima y pensión mínima, ya que, al utilizar todos los salarios, no hace falta considerar estas limitaciones.

Ana Eugenia Romero Jenkins, directora ejecutiva del Poder Judicial.