EscucharEl Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es el fundamento de nuestra seguridad social.
Con la Ley de Protección al Trabajador le dimos el mayor apoyo a la seguridad social desde la creación, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 1941.
El editorial de La Nación del 23 de agosto señala que, como es cierto, para garantizar la solvencia del sistema, ahora es insuficiente la modificación de los beneficios del régimen.
También asevera que en el pasado esas medidas pudieron haber sido mucho más eficaces para solucionar el problema financiero del IVM.
Pero de inmediato afirma que en ese pasado nadie se atrevió a sugerir la modificación de los beneficios “por temor a las obvias repercusiones políticas”. Eso no es acorde con los hechos. Nosotros sí lo hicimos.
Se difundió en su tiempo, y consta en mi obra del 2003 La solución costarricense, que después de la puesta en marcha de la Ley de Protección al Trabajador tan solo quedaban pendientes, en cuanto a la seguridad social básica, lo que entonces eran pequeños ajustes en la edad de retiro y en las contribuciones al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS.
Los estudios esenciales fueron preparados para la aprobación de la Junta Directiva de esa institución, a fin de garantizar la solvencia y solidez de nuestro sistema de seguridad social para el siglo XXI.
En el período entre las elecciones y el cambio de poderes —por respeto a la institucionalidad democrática— se le comunicaron al gobierno electo las medidas y se le ofreció aprobarlas para asumir “las obvias repercusiones políticas”. Pero la oferta no fue aceptada.
Miguel Ángel Rodríguez E.
Presidente de la República 1998-2002
