Silvia Echeverría Sáenz, varias firmas más. 18 mayo, 2018

Los investigadores se frustran cuando denuncian y los peritos llegan días después cuando el elemento químico tóxico ha sido absorbido por el agua.

Por nuestras funciones como investigadores en la Universidad Nacional, somos testigos de la frecuencia del envenenamiento de organismos acuáticos y vida silvestre. Cuando nos corresponde atender y analizar estos acontecimientos, desde una posición académica, se vuelve frustrante la dificultad para obtener una respuesta oportuna del Estado y, en muchos casos, la imposibilidad de sentar responsabilidades. ¡Ni qué se diga del enojo y la impotencia de los ciudadanos de las comunidades donde ocurren estos lamentables hechos!

El Estado cuenta con legislación y la autoridad para atender emergencias ambientales

Hemos llevado a cabo investigaciones por más de 15 años en la cuenca del río Madre de Dios, en el Caribe del país. El interés en esa zona se intensificó en el 2003, cuando ocurrió un envenenamiento masivo de peces y otras formas de vida acuáticas debido a un derrame del fungicida clorotalonil, en el aeropuerto de Batán. Desde entonces, hemos encontrado evidencia científica sobre la presencia constante de contaminación con plaguicidas en agua de quebradas, canales y lagunas de esta cuenca considerada prioritaria según la Política Nacional de Humedales.

Más de treinta diferentes sustancias hemos detectado, asimismo, hemos determinado el alto riesgo de toxicidad directa para los organismos habitantes en la cuenca media-baja del río Madre de Dios. En repetidas ocasiones, hemos facilitado esta información a las autoridades. Incluso en setiembre del 2017 enviamos al despacho del anterior ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, un informe detallado sobre esta problemática, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta. Instamos, respetuosamente, a la nueva administración a no hacer lo mismo.

Hecho frecuente. Durante muchos años, los habitantes de la zona han recurrido a las autoridades para denunciar la muerte de peces, lo cual suele presentarse dos o tres veces al año. En algunas ocasiones, han recurrido al Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) y, en otras, a las autoridades correspondientes (Sinac, MS, OIJ) y han visitado los sitios afectados. Sin embargo, estas acciones se toman tarde, cuando los niveles de una posible sustancia tóxica en el agua ha bajado a concentraciones cuando ya no es posible determinar el origen de la contaminación.

El Estado cuenta con legislación y la autoridad para atender emergencias ambientales. Es preciso reformar los reglamentos y los procedimientos que dificultan el proceso de la denuncia, pero, sobre todo, es preciso simplificar y agilizar el procedimiento de respuesta de las autoridades en estos casos.

La toma de muestras para análisis debe ser inmediata y debe invertirse en capacitar a las autoridades para mejorar la eficiencia y eficacia de su respuesta. No tiene ningún sentido enviar un equipo de peritos varios días después de ocurrido el envenenamiento. Es un desperdicio de recursos. Con el procedimiento actual, la intoxicación de fauna queda impune.

Otros sitios. Aparte de las mortandades frecuentes en la cuenca del río Madre de Dios, conocemos de cerca cómo en los últimos meses ha habido muchas otras denuncias, tanto formales ante el Sitada, como a través de las redes sociales y otros medios de comunicación sobre acontecimientos similares en distintas regiones del país (Pital de San Carlos, por ejemplo).

Es frustrante pensar en que estos hechos van a parar en nada o, incluso, en algunos casos, en amenazas a la integridad de las personas denunciantes. Por ello, solicitamos al Estado asumir su responsabilidad y agilizar este procedimiento.

La biodiversidad es una de las mayores riquezas del país, está estrechamente relacionada con el bienestar de la población, atrae el turismo y nos ha colocado internacionalmente en un alto nivel. Más acciones para evitar las muertes masivas de fauna son urgentes.

Los autores son: Silvia Echeverría Sáenz, María de Jesús Arias y Andrés Freylan Mena Torres, académicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.