La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) modificó sus políticas para agilizar la afiliación de las empleadas domésticas, cobrarla con mayor apego a la realidad de la relación laboral y permitir el aseguramiento por múltiples patronos. Hasta ahora, los empleadores debían cotizar de conformidad con un salario mínimo, establecido sin importar la cantidad de horas laboradas. Una empleada doméstica contratada para trabajar dos jornadas de cuatro horas a la semana probablemente ganaría menos que el costo del seguro social.
La base contributiva hacía incosteable las jornadas parciales, especialmente las de horario más reducido. En consecuencia, la gran mayoría de patronos prefería arriesgarse a no inscribirlas en la Caja. La magnitud del problema se comprende mejor cuando se considera que el 70% de las empleadas domésticas trabaja jornadas parciales. Conjugados los dos factores, no extraña que tan solo el 30% del sector goce de seguro social.
Las consecuencias son graves. El 94% de las trabajadoras domésticas son mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar. Solo el 13% completó la secundaria y en los últimos años se ha notado un aumento de la edad promedio, con la incorporación al sector de más empleadas de entre 45 y 54 años, más propensas a necesitar los servicios de la Caja.
La informalidad estimulada por las altas cotizaciones impuestas al trabajo doméstico de jornada parcial alienta, también, la inobservancia de otras garantías laborales y profundiza la vulnerabilidad de las trabajadoras del sector. Por otro lado, los patronos reacios a asumir el riesgo de omitir el requisito de afiliación, simplemente no contratan, con lo cual se acrecienta el desempleo.
Si para las trabajadoras domésticas las altísimas cuotas de afiliación cobradas por la Caja son un pésimo negocio, tampoco la institución sale gananciosa. Los servicios de salud y las pensiones deben ser ofrecidos de todas maneras en el marco de la universalización del seguro médico y el régimen no contributivo de jubilaciones.
Según la Caja, solo una de cada diez trabajadoras domésticas está correctamente asegurada, porque muchas acceden a los regímenes de salud y pensiones mediante otras modalidades de aseguramiento, como el seguro voluntario, el de trabajador independiente o como beneficiario familiar, y no por cuenta del patrono.
Con acierto, la institución consideró más provechoso flexibilizar las políticas para recuperar parte de los ingresos no percibidos en la actualidad. Hasta el momento de la reforma, la base mínima contributiva aplicada a las jornadas parciales era ¢231.135. En adelante, cuando el salario no alcance la base mínima contributiva, como sucede con las jornadas parciales, el patrono y la trabajadora podrán acogerse a una base reducida. Por ejemplo, un patrono que pague un salario de ¢100.000 pasará de pagar una cuota de ¢52.398 a cancelar ¢26.199.
Las cuotas variarán en función del salario, que no podrá ser inferior al mínimo por hora. Además, la Caja facilitará la inscripción de las empleadas por medio del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), totalmente en línea, para reducir las barreras burocráticas al aseguramiento.
La Caja hace bien en procurar una relación más cercana entre el salario y la cotización, así como en facilitar los trámites, pero al planteamiento le falta un renovado esfuerzo de inspección. No basta con facilitar y abaratar el aseguramiento al punto que no valga la pena correr el riesgo de burlar la ley. También es necesario crear ese riesgo o aumentarlo. Solo así se logrará la deseada reducción de la informalidad, tan extendida en el caso del empleo doméstico.
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