EscucharLa ruta 1856, mejor conocida como la trocha fronteriza, está flanqueada por caminos clandestinos utilizados para trasegar ganado y granos entre Costa Rica y Nicaragua. Los animales son robados en nuestro suelo, sea en San Carlos o en Los Chiles, y llevados a la nación vecina para la venta. En sentido contrario, reses robadas en Chontales y Río San Juan son internadas en territorio costarricense, así como otros productos agrícolas, en especial frijoles.
Los riesgos sanitarios y la impunidad de los cuatreros son alarmantes, pero es ingenuo pensar que las mismas rutas no sean utilizadas para trasiegos aun más preocupantes, como el narcotráfico y el comercio de armas. Los lugareños dan noticia del paso, a plena vista, del ganado, los granos y electrodomésticos. La inmigración ilegal también encuentra en las vías clandestinas un paso expedito hacia nuestro territorio.
La piedra y el lastre trasladados a la zona para construir la trocha sirven para rellenar zanjas y habilitar los caminos ilegales, cuyo número ya ronda la decena. En algunos casos, se trata de vías capaces de facilitar el traslado de camiones de carga, cuyos motores se escuchan una vez caída la noche.
Las noticias pueden conducir a la conclusión equivocada. La trocha no nos hace más vulnerables. Su utilización para fines ilícitos más bien demuestra la necesidad de concluirla y dotarla de vigilancia. Es, como dijo la presidenta Laura Chinchilla al anunciar el proyecto, un asunto de seguridad nacional.
El trasiego ilícito de bienes y personas no es novedoso en la región fronteriza. Es totalmente lógico que aproveche la nueva infraestructura, así como el agua corre por la ruta más fácil, pero las actividades clandestinas en la frontera son un flagelo desde hace décadas. La trocha, una vez concluida, puede contribuir a frenarlas.
Entre los propósitos del proyecto está facilitar el patrullaje de la zona limítrofe, sin depender de la venia nicaragüense para navegar con armas por el río San Juan. El camino también permitirá el abastecimiento de los puestos fronterizos encargados de la vigilancia.
La trocha fronteriza no sale del estancamiento causado por los escándalos de corrupción descubiertos a pocos meses del inicio de las obras. El aprovechamiento de la ruta para fines ilícitos es consecuencia de esa parálisis y del abandono, no de la apertura del camino.
La Fuerza Pública de Los Chiles se queja, con razón, de las dificultades existentes para patrullar un área vastísima, pese a las nuevas patrullas puestas a su disposición por el Ministerio de Seguridad Pública. La conclusión de la vía facilitará el tránsito y, consecuente con el objetivo de incrementar la vigilancia en la zona, el Estado podrá reforzar el personal y equipo asignados a la vigilancia.
La trocha, según los habitantes de la zona, es también necesaria para impulsar el desarrollo. No se trata de afirmaciones lanzadas al aire. Muchos pobladores le apostaron sus propios recursos al proyecto vial, construyendo hoteles, restaurantes y planificando negocios afines al esperado aumento de visitantes.
La conducta reciente de Nicaragua es un fuerte argumento a favor de la iniciativa. Fue el principal acicate de la decisión de la Administración Chinchilla y no ha perdido vigencia, como lo demostraron, hace meses, los trabajos de supuesto dragado ejecutados por los equipos de Edén Pastora para desviar el cauce del río y engullir una parte del territorio nacional.
El primer decreto de la Administración Solís declara de interés público la intervención en 12 puentes y nueve alcantarillas cuyo deterioro exige atención inmediata. Son obras urgentes y la determinación del mandatario será bien recibida por un país cansado de sufrir las crisis viales cuando pudieron ser evitadas. La trocha es un problema más remoto para la mayor parte de la población. No por eso debe ser olvidada.
