EscucharLa seguridad es un tema de capital importancia, urgente como pocos a ojos de la ciudadanía. La Asamblea Legislativa debe responder con el mismo sentido de premura. El Ministerio del ramo perdió buena parte de sus ingresos cuando la Sala IV declaró inconstitucional el impuesto a la personas jurídicas, específicamente destinado a financiar el combate contra la delincuencia.
Mucho ha tardado el Congreso para enmendar el error que dio al traste con la ley en marzo del 2015. Los magistrados señalaron una violación al principio de publicidad porque en el 2011, cuando aprobaron el impuesto, los diputados variaron elementos esenciales del proyecto de ley con la adopción de un texto sustitutivo cuyo contenido jamás fue publicado.
El texto sustitutivo añadió las sucursales de sociedades extranjeras a la lista de obligados a pagar el impuesto y modificó el monto del tributo de $300 a medio salario base para las sociedades activas y a un cuarto de salario para las inactivas. También introdujo sanciones para quienes no se mantuvieran al día en el cumplimiento de la obligación tributaria.
La violación del principio de publicidad debió resultar evidente, como también sucedió en el caso de la Ley de Solidaridad Tributaria, aprobada después de un intenso debate solo para verla derrumbarse en la Sala Constitucional. La Asamblea legislativa quedó en deuda y las consecuencias del error eran totalmente previsibles.
A inicios del mes pasado, Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública, relató a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la dramática situación de su despacho. Dijo albergar temores de un retorno a épocas cuando la alimentación de los policías consistía de arroz y frijoles. También advirtió de la posibilidad de perder capacidad operativa, con graves consecuencias para la seguridad ciudadana.
El presupuesto de Seguridad Pública se redujo en un 8% y la pérdida de los ingresos generados por el impuesto a las personas jurídicas crea un faltante adicional de ¢40.000 millones. Al mismo tiempo, el embate de la delincuencia, especialmente la organizada, arrecia en diversos puntos del país.
Una subcomisión del Congreso se tomó el asunto en serio y ya produjo un proyecto, de amplia aceptación por las fracciones legislativas, para reinstituir el impuesto, esta vez con observancia de las normas de aplicación necesaria para garantizar su permanencia.
El dinero urge y la labor de la subcomisión ya concluyó con éxito. El plenario debe votarlo con celeridad. Los fondos se invertirán en mejorar la planta física de las delegaciones policiales, comprar y mantener equipos y mejorar las operaciones de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, entre otros rubros. No podrán ser destinados a pagar remuneraciones, horas extras, viáticos, transporte o consultorías.
Este año, dijo el ministro a los legisladores, la Policía no podrá comprar motos, bicicletas o carros. Los vehículos, dedicados al patrullaje las 24 horas del día y sometidos al maltrato de persecuciones y percances propios del uso continuo, son un punto débil de la capacidad de respuesta ante situaciones apremiantes. Tampoco hay recursos para comprar suficientes uniformes.
Las necesidades son básicas y apremiantes. Enmendar el error cometido en el 2011 amerita la adopción de los acuerdos necesarios para acelerar el trámite legislativo. Lo merece la ciudadanía necesitada del apoyo policial y también los servidores públicos dedicados a labores tan exigentes. El país no puede esperar los resultados deseables de una Fuerza Pública con carencias elementales.
