EscucharLa diputada Pilar Cisneros se reunió con Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio de comunicación CRHoy, y le pidió ayuda para desaparecer al periódico La Nación, declaró el empresario bajo juramento ante los diputados de la comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos.
Cisneros negó lo dicho por Baruch y ofreció dos curiosos contraargumentos. Primero, lo atacó poniendo en duda su “caballerosidad”, como si esa condición le obligara a guardar silencio cuando se le interroga bajo juramento sobre hechos de enorme trascendencia pública. El silencio habría convenido a la diputada y al gobierno, pero Baruch tuvo el valor de hablar.
Luego, ofreció los mensajes de su WhatsApp como prueba, pero en ellos no se registra la conversación desarrollada a puerta cerrada. Los mensajes solo demuestran la existencia de la reunión con Baruch, posteriormente tan atacado por el gobierno, al punto de haber sido blanco del “megacaso” de evasión que los mismos funcionarios de Tributación habían descartado. No es la primera vez que Cisneros ofrece un registro de mensajes como prueba. En medio del escándalo por el uso de troles —una forma de mentir a los ciudadanos—, la diputada presentó registros que no resistieron el examen de sus compañeros de comisión.
La legisladora recurrió a una expresión frecuente en ella cuando dijo, con dramatismo, que “mirando a los ojos” a los presentes relataría lo conversado con el empresario. Acto seguido, no negó haberle pedido ayuda, pero dijo haberlo hecho para el país, no para el gobierno.
Baruch ofreció sus declaraciones con serenidad, en presencia de Cisneros, viendo a los ojos y bajo juramento, pero su credibilidad también se ve reforzada por los acontecimientos. La intención del gobierno de hacer daño a La Nación quedó comprobada por la arbitraria clausura del Parque Viva, descrita por la Sala Constitucional como “un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión. (...) Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”.
Poco antes, el Ejecutivo había reclutado a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para poner en duda el pago de los bonos del Grupo Nación comprados por esa institución. Los títulos y sus intereses siempre fueron cancelados puntualmente, pero el espectáculo montado por el gobierno ponía en duda la solvencia de la empresa.
Posteriormente, el ahora ex presidente ejecutivo de la Caja Álvaro Ramos confesó haberse sentido utilizado cuando se le pidió investigar la situación financiera del Grupo Nación, apenas pasado el 8 de mayo del 2022. Poco después, el Ejecutivo emprendió una secuencia de actos constitutivos de un abuso de poder para coartar la libertad del diario, dijo Ramos.
Si las intenciones no estuvieran corroboradas por las acciones del gobierno, bastaría con recordar la promesa del presidente Rodrigo Chaves, expresada en campaña, de destruir a La Nación y a Teletica, en términos muy parecidos a la “desaparición” de que habló Baruch.
Un episodio particularmente desconcertante ocurrió cuando el empresario dijo haber entendido que la diputada le preguntó qué podría darle el gobierno “para que haya una actitud benevolente de parte de CRHoy”. Según relató, respondió no tener negocios con el gobierno. “No necesito nada, no me pueden dar nada, no dependo de concesiones, de licitaciones. No dependo de ninguna cosa de esas”.
Poco después, Cisneros retomó el tema para recordarle la pauta gubernamental en CRHoy durante los últimos años. ¿Qué pretendió demostrar con esos datos? ¿Qué sí hay algo que el gobierno puede ofrecer a Baruch? En ese caso, el empresario habría desaprovechado la oportunidad, lo cual abona a su credibilidad. Cuando Cisneros retó a Baruch a someterse a un detector de mentiras, respondió, con una sonrisa: “Está bonito. Yo me apunto, pero que también vayan Nogui y el presidente”.
