¿Podremos retener el grado de inversión concedido a Costa Rica por Moody´s, una de las principales calificadoras de riesgo internacional? Desafortunadamente, la respuesta es muy incierta. Así se desprende de la entrevista concedida a este periódico por Gabriel Torres, analista principal de deuda soberana de esa entidad.
“La situación fiscal no es sostenible” –dijo el analista–, “queremos ver una señal positiva del Gobierno y cuán seria es”. Luego agregó lo que, a nuestro juicio, es una afirmación muy seria, casi conminatoria: “Es probable una revisión de la nota de Costa Rica antes de finalizar el año”. Eso significa que el nuevo Gobierno no tendrá dos años para enfrentar el déficit fiscal, ni siquiera uno, sino que debe empezar a enfrentarlo inmediatamente, desde el primer día de su gestión. No puede darse el lujo de esperar a ver cómo evolucionan las cosas. La acción es ya; de lo contrario, se podrían producir consecuencias negativas para el país.
Para una calificadora de riesgos el problema fundamental es alertar a inversionistas actuales y potenciales sobre los riesgos de invertir en títulos de deuda emitidos por los países. En términos más claros: se trata de evaluar la capacidad de pago para honrar todos los títulos emitidos bajo los términos y condiciones originalmente pactados, de la misma forma en que los bancos comerciales evalúan la capacidad de sus deudores antes de otorgarles un nuevo préstamo. En el caso de una nación como la nuestra, si la deuda se incrementa como porcentaje del PIB –actualmente, en Costa Rica excede del 40% y va en ascenso–, los recursos disponibles para hacerle frente disminuyen y, por tanto, merma la capacidad de pago. El tema no es especulativo. Recuérdese que ya el país decretó una moratoria de la deuda externa (no de la deuda interna) a principios de los ochenta y muchos inversionistas perdieron una buena parte del capital invertido.
Si Costa Rica pierde el grado de inversión –una calificación buena de la deuda emitida por Moody´s en el 2010, equivalente a Baa3–, la consecuencia inmediata sería un nuevo incremento de los intereses de la deuda externa emitida por el país. Eso no conviene porque encarece el costo del endeudamiento y absorbe recursos que se podrían destinar a otros usos más importantes, como infraestructura y programas sociales. Está muy fresca en la memoria colectiva de los inversionistas el impacto que produjo la recalificación de la deuda soberana, de perspectiva “estable” a “negativa” en el pasado reciente, que obligó al Gobierno a pagar una tasa de interés del 7% anual, en dólares, por la última emisión de eurobonos, más de 300 puntos base por encima de los títulos del Tesoro de los EE. UU. a plazos similares, y por encima de los emitidos por países semejantes, como Chile, Colombia y México, todos por debajo del 7% anual.
Una nueva recalificación también afectaría el tipo de cambio futuro, pues el servicio de amortización e intereses se incrementaría. Pero sus efectos no se detendrían ahí. Afectaría, en general, otras variables externas e internas, como la inversión extranjera directa, que podría resentirse por la pérdida de confianza. Si merma, el impacto sobre el tipo de cambio sería muy directo, pues ha servido para financiar un porcentaje elevado del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. A ese respecto, ya el Banco Central estima una disminución de la inversión extranjera directa para el 2015, según las cifras contenidas en el Programa Macroeconómico. Si perdiéramos el grado de inversión, esa institución tendría que reformular su programa con todas las implicaciones que conllevaría.
No enfrentar en forma inmediata el déficit fiscal también produciría efectos económicos internos preocupantes. El primero sería un incremento de las tasas de interés en colones por el efecto de lo que en economía se denomina el “estrujamiento” del mercado financiero. Eso afectaría no solo las finanzas del propio Gobierno al tener que incrementar la partida de intereses, sino también la inversión de las demás entidades públicas y privadas. Un aumento en las tasas reales de interés afectaría la inversión y, por tanto, el crecimiento de la producción y generación de empleos.
¿Qué ganarían el Gobierno y el país posponiendo la resolución del déficit fiscal? La respuesta es obvia, según lo anterior. Las declaraciones dadas por el ministro de Hacienda designado, Helio Fallas, son positivas pero insuficientes. Para evitar una recalificación, tendrá que pasar de la retórica a la acción a muy corto plazo. Esperamos que lo haga. Pero tendrá que considerar que el Poder Ejecutivo no podrá hacerlo solo. Una buena parte de la reforma recaerá sobre la Asamblea Legislativa, que no controla la fracción legislativa del PAC. Por eso, las negociaciones deberían comenzar lo más pronto posible, con igual premura que la preparación del plan fiscal del Poder Ejecutivo.