Requisitos para servir

Para ser ministro o viceministro basta ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años y del estado seglar. El artículo 142 de la Constitución Política no impone más requisitos y, en particular, no exige atestados académicos o experiencia previa. Así ha sido siempre y así debe ser. En una democracia, el acceso a los altos cargos de conducción política debe permanecer abierto.

A nadie se le ocurriría formular semejantes exigencias a los candidatos presidenciales o a los aspirantes a la Vicepresidencia. Tampoco a los diputados, aunque en ese caso la tentación sea grande, visto el desempeño de la Asamblea Legislativa. El nivel académico de los gobernantes aumentará, naturalmente, de la mano del desarrollo educativo nacional, pero esa realidad dista mucho de la imposición de requisitos mediante texto legal.

No obstante, en un país donde no escasean los profesionales, llama la atención su limitada presencia en las juntas directivas de las instituciones públicas. La mayoría del gabinete presidencial está conformado por profesionales, aunque en algunos casos el título no se corresponda con la actividad del ministerio. En las presidencias ejecutivas también hay buena representación de las aulas universitarias, pero no puede decirse lo mismo de las juntas directivas.

La desproporcionada presencia de directivos sin título universitario contradice la expectativa de mayor participación profesional según progresa el desarrollo educativo del país. Tantos directivos hay en esa condición que distorsionan la estadística general del estudio. Si la indagación se hubiera hecho exclusivamente en relación con las juntas directivas, el dato del 73% seguramente sería mayor. La inclusión del Gabinete y las presidencias ejecutivas baja el porcentaje total de funcionarios sin preparación.

El llamado de atención sobre este problema es el principal aporte del estudio de la Contraloría. Una cosa es imponer requisitos al servicio público en cargos de conducción política, pero otra muy diferente es que la lógica no logre imponerse y las juntas directivas estén integradas, en proporciones tan extraordinarias, por personas carentes de formación académica.

Las razones del fenómeno, tan contrario a la intuición, no son difíciles de adivinar. Las juntas directivas son el espacio ideal para pagar favores políticos con poco riesgo para el encargado del nombramiento si la gestión del “ahijado” resulta deficiente. Además, no son atractivas para profesionales de primera línea, salvo un gran espíritu de servicio. La remuneración es relativamente modesta, en la mayoría de los casos, y onerosas las exigencias contenida en leyes como la de enriquecimiento ilícito.

En el gabinete presidencial, la selección exige mayor cuidado pues no es fácil disimular las fallas del designado. Por lo demás, es posible constatar la presencia de los mismos problemas. El factor económico incide con fuerza en la formación del Gobierno porque las finanzas personales de los invitados a asumir un puesto dificultan el reclutamiento. Aun así, la relevancia de los cargos añade un atractivo a cuyo influjo se consigue la participación de profesionales y ciudadanos con capacidad demostrada en otros ámbitos del quehacer nacional.

Atraer talento al Gobierno exige una revisión de todos estos aspectos, más que la creación de un cúmulo de requisitos legales, de todas formas incapaces de garantizar la buena gestión. La situación de las juntas directivas merece especial atención porque su uso como botín político es evidente. No se trata de verdaderos cargos de la jerarquía gubernamental y, en su caso, sí podría caber el establecimiento de requisitos adicionales, pero la Contraloría no distingue a la hora de exigir al Ejecutivo un estudio de los requisitos legales y perfiles deseables para ser ministro, viceministro, presidente ejecutivo y directivo, así como de las “actualizaciones” requeridas por el ordenamiento jurídico. Esa confusión puede desembocar en soluciones reñidas con la conducción política de una democracia y con el texto constitucional.