La ley de tránsito, aprobada luego de años de tortuoso trámite legislativo, omite la sanción correspondiente a la contaminación sónica y ambiental. Las emisiones excesivas de gases y ruido están prohibidas, pero no hay castigo y la ley es letra muerta. La Comisión de Gobierno y Administración se propone enmendar el desacierto con una reforma recientemente dictaminada por unanimidad.
La reforma castiga con multa categoría D la producción de ruido o emisiones de gases, humos o partículas contaminantes que excedan los límites establecidos en la propia ley. El proyecto también autoriza el retiro de placas e inmovilización del vehículo en este y otros casos.
La multa es de ¢47.000, una sanción muy leve para una conducta casi siempre dolosa y extremadamente perjudicial para los más altos valores sociales: la salud y la vida. Los males respiratorios y otras consecuencias de la emisión de gases no pueden ser tomados tan a la ligera, como tampoco las perturbaciones causadas por el ruido, responsable de males psicológicos y de otra naturaleza. La multa categoría C, de ¢94.000, estaría lejos de ser desproporcionada.
Los casos más flagrantes de violación de los límites establecidos son perpetrados mediante engaño, con fines de malsana diversión a costa de los demás. ¿Cómo pasa la revisión técnica un vehículo en esas condiciones? Mediante el subterfugio de sustituir tubos de escape y otros accesorios para luego reponerlos, muchas veces en talleres especializados que brindan el servicio de préstamo de las piezas empleadas para ejecutar el engaño.
Es muy lógica, en cambio, la estipulación sobre el retiro de placas e inmovilización del vehículo. Si el conductor se gana la multa por circular en un vehículo cuyas condiciones son inaceptables para la ley, no es posible confeccionar la boleta y permitirle seguir su camino.
En conjunto, las dos disposiciones, en especial si el Congreso reconsidera la multa, podrían servir de mucho para recuperar las calles de nuestro país en nombre de la civilización. Cualquier noche, en las zonas donde la soberanía reside en los “picones”, la Policía podrá darse gusto repartiendo boletas e inmovilizando vehículos. Solo así habrá esperanza para los ciudadanos decentes.
Las autoridades de Tránsito ya cuentan con los equipos necesarios para controlar el ruido. En buena medida, los sonómetros adquiridos hace años permanecen desaprovechados en espera de la necesaria enmienda legal. También urge acelerar la incorporación de las policías municipales y la Fuerza Pública a la vigilancia del tránsito, así como la ampliación del cuerpo especializado, cuyos 763 oficiales vigilan, en tres turnos, la extensa red vial nacional.
La aplicación de la reforma, solo en el caso de la contaminación, conllevaría un dramático aumento de la calidad de vida, especialmente en los grandes centros urbanos, pero el proyecto de reforma incluye otras disposiciones de importancia, casi todas encaminadas a subsanar la disfuncionalidad de la ley vigente. El proyecto procura facilitar la confección de boletas aunque los conductores no estén presentes, como sucede en todo el mundo, así como impedir el abuso de zonas donde no se permite el estacionamiento.
Los diputados también esperan llenar los vacíos que estimulan el desacato a las indicaciones de la autoridad de tránsito y fortalecer la regulación de las alcoholemias, incluida la posibilidad de multar a quien no acceda a hacérsela. Esta última disposición podría resultar polémica, aunque sus intenciones son meritorias.
El ajuste a la ley de tránsito es urgente y permitiría al Congreso saldar una deuda adquirida con la mala tramitación de las normas vigentes. El dictamen unánime en comisión alimenta la esperanza de un amplio consenso en el plenario. ¿Por qué no acelerar el trámite?