Editorial

Reclamo del PAC

La Comisión Política del partido de gobierno pidió a la administración explicaciones sobre el atraso de la sectorización del transporte público

La Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidió explicaciones al presidente, Luis Guillermo Solís, por la paralización de las iniciativas para ordenar el transporte público. Los planes pronto cumplirán dos décadas de estar varados, pero Solís prometió, en campaña, retomarlos y llevarlos a buen puerto.

La Comisión Política recuerda al mandatario el capítulo correspondiente del Plan Rescate, como se tituló, con sentido dramático, el plan de gobierno publicado en campaña y exige coherencia entre las actuaciones del gobierno y las promesas electorales. “Modernizar el transporte público” se llama el apartado correspondiente del documento electoral, pero las medidas necesarias para cumplir se estrellaron contra la influencia de los autobuseros.

El choque costó el cargo al viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, quien se tomó en serio el programa de gobierno. Acto seguido, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes convocó a nuevas rondas de análisis, pidió más estudios y sustituyó a Urbina por una funcionaria vinculada con los transportistas.

Es ingenuo creer en la posibilidad de un avance genuino en el curso de la actual administración, pero la Comisión Política hace bien en señalar la incoherencia y por esa vía distanciarse del incumplimiento. Lo mismo ha hecho la diputada Marcela Guerrero, también comprometida con la idea de ordenar el transporte público.

La Comisión Política, como lo han hecho diversos participantes en el debate público, incluido este diario, pregunta sobre la necesidad de contratar nuevos estudios técnicos, cuando existen varios, desde hace muchos años, entre ellos el empleado por Urbina para respaldar su propuesta. Se trata de un estudio ejecutado en el 2014 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Costó $800.000 y hoy corre el riesgo de seguir el mismo desafortunado camino de los análisis previos.

La Comisión Política también contrasta las evidentes necesidades de la vida urbana con la indiferencia hacia una de las soluciones posibles. El ordenamiento del transporte público contribuiría a descongestionar las vías mediante la reducción del número de autobuses en el centro de la capital.

En Vázquez de Coronado, la empresa Autobuses Unidos de Coronado adoptó voluntariamente la operación de una ruta entre San José y la comunidad a la cual sirve. Esa ruta se alimenta de diez ramales que viajan desde el centro de Coronado hacia la periferia. Los usuarios de Dulce Nombre, por ejemplo, se trasladan al centro del cantón y allí toman un autobús hasta la capital.

En total, hay 43 autobuses, 27 para el trayecto San José-Vázquez de Coronado y 16 para los ramales. Según la concesionaria, si viajaran directamente desde las comunidades hasta la capital, necesitarían más de 100 buses y las tarifas serían más elevadas porque invertirían en más vehículos, no se les daría el uso óptimo y crecerían los gastos de mantenimiento.

Por qué dilatar el cambio, pregunta la Comisión Política, cuando la ciudadanía está harta de presas, accidentes, desorden vial y ausencia de medios eficientes de movilización. La respuesta se hace obvia en la actitud asumida por el gobierno frente a los sectores beneficiados por la situación actual. La destitución de Urbina, sus antecedentes y consecuencias constituyen una respuesta muy clara y concreta.

La promesa del plan de gobierno difícilmente se cumplirá porque la administración decidió ceder frente a los autobuseros, cuyas tarifas se verían afectadas si la sectorización se concreta. Eso a pesar de que el presidente insiste en su “compromiso” de avanzar en materia de sectorización y de pago electrónico. El tiempo dirá.

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