EscucharCuando se le consultó sobre el uso ilegítimo de la publicidad estatal para presionar a los medios de comunicación críticos de la burocracia, el presidente, Luis Guillermo Solís, cuya administración sería “una casa de cristal” según promesas hace tiempo formuladas, se rehusó a comentar y dijo, con extraño humor: “Hoy solo hablaré de deportes”.
La respuesta es desconcertante. No es que haya dudas sobre los hechos. El Banco Nacional confesó haber disminuido paulatinamente la pauta publicitaria de La Nación a raíz de una serie de informaciones sobre anomalías en la institución. Utilizó el dinero público para castigar al medio, con lo cual viola el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho del público a ser informado, pero el presidente solo hablará de deportes.
Tanta afición al deporte no puede dar pie a la indiferencia frente a la violación de derechos humanos fundamentales y, de paso, elementales normas sobre el buen uso de los recursos públicos según principios objetivos de eficacia, satisfacción del interés público, rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades conferidas por ley, imparcialidad, legalidad, economía, eficiencia y cumplimiento de los fines propios de la institución, todos elementos integrantes del deber de probidad establecido por ley.
Pero la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el examen de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública pueden esperar cuando está de por medio el campeonato europeo de Portugal y la pérdida de Saprissa en el juego contra San Lorenzo de Almagro.
Los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público no muestran el mismo interés por el deporte e investigarán el mal uso de la publicidad oficial, pagada con los recursos públicos que el presidente está llamado, más que nadie, a proteger. Tampoco el Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión se inhibieron de exigir explicaciones, pese a la nutrida agenda deportiva del fin de semana. A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa demostró poco espíritu deportivo con su condena de la estratagema del Banco Nacional.
El interés por el deporte no impidió a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entender la gravedad del uso de recursos públicos para cohibir a los medios de comunicación e impedir que la ciudadanía conozca informaciones a las cuales tiene derecho. Tanto así que “la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano”.
La Corte Suprema de Argentina, hogar del San Lorenzo de Almagro, también se tomó el tema en serio cuando sentenció: “Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos. La primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios con base en criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”.
El informe de la Relatoría lamenta que “años después del diagnóstico inicial” realizado por esa oficina “en relación con la problemática de la publicidad oficial, el problema persiste en muchos países de la región”. Cuando el interés por el deporte lo permita, Costa Rica debería dejar de ser uno de esos países.
