Una plaga de ratas coloniza el parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, y la Municipalidad de San José se declara incapaz de enfrentar el problema por falta de presupuesto para comprar veneno. Tampoco la oficina regional del Ministerio de Salud ofrece una solución.
La escena del parque Okayama parece extraída de los anales del Medioevo, cuando las ratas pululaban por los centros urbanos, con riesgo permanente de un brote de peste bubónica. Día y noche, los animales se pasean por las aceras y áreas verdes del parque, en cuyos cuatro costados hay viviendas y comercios.
Las autoridades fueron informadas del caso por la Comisión de Vecinos de Seguridad Ciudadana desde octubre, hace cuando menos tres meses. Las ratas no constituyen ya una amenaza comparable a la que representaron en el Medioevo, pero todavía son transmisoras de graves enfermedades.
El agua, los suelos o los alimentos contaminados con su orina pueden ser causa de leptospirosis, un serio padecimiento capaz de dañar el hígado, los riñones o la respiración, e inflamar la membrana alrededor del cerebro. Una rata infectada con la peste, o con una variedad de parásitos, puede transmitirlos directamente con una mordedura o por intermediación de una pulga. La triquinosis se transmite por contacto con los excrementos del roedor.
Los riesgos sanitarios exigen una reacción inmediata, pero el Estado solo da muestras de parálisis. El encargado de mantenimiento de parques en la Municipalidad de San José, Alexander Cortés, admitió saber del problema desde el año pasado y confirmó la necesidad de intervenir la zona, pero no pudo decir cuándo, porque, amén de la falta de presupuesto, no hay idea de una fecha en que estarán disponibles los recursos necesarios.
La directora de salud en el sureste del área metropolitana reconoce que la situación podría calificarse como un problema de salud pública, pero señaló que acabar con la plaga no es responsabilidad de su despacho. Por eso, giró una orden sanitaria a la Municipalidad para mejorar la recolección de basura en el parque. La funcionaria da fe de la mejora, pero las ratas siguen en el lugar.
La responsabilidad, dice la encargada de salud, corresponde al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). En esa oficina, el director regional, Allan Sánchez, negó tener competencia para atender el problema y citó la Ley de Protección Fitosanitaria, a cuyo tenor corresponde al Ministerio de Salud girarle a la Municipalidad órdenes sanitarias para el control de plagas.
Así, la noria burocrática gira sin fin y las ratas permanecen en el parque, bien alimentadas por los granos de maíz, boronas de pan y pedazos de fruta destinados por los visitantes a los patos y palomas del parque. En los alrededores, la frustración crece y los vecinos juzgan no a la Municipalidad, sino a la institucionalidad como un todo.
Lo sucedido en el parque Okayama se manifiesta en otros escenarios, con diversos motivos, a lo largo y ancho del país. El ciudadano siente que las instituciones no le responden, y por esa vía se puede llegar a erosionar la confianza en la democracia como medio idóneo para resolver los problemas. Es una conclusión errónea, basada en una perspectiva parcial, pero también es comprensible.
En un caso como el del parque Okayama, el desencanto no fluye de la manía que impulsa a muchos políticos nacionales a prometer beneficios irrealizables o crear expectativas imposibles de satisfacer. La plaga de ratas plantea un problema muy concreto frente al cual es totalmente razonable esperar una respuesta oportuna, en este caso, inmediata. No son los ciudadanos quienes deben ir de puerta en puerta para implorar una solución. Notificada del problema, la Administración debe asumirlo de oficio, no lavarse las manos, y asegurarse de que quien corresponda se encargue de proveer una solución satisfactoria.