EscucharBajo el eficaz liderazgo de su secretario general, Luis Almagro, y gracias al impulso de 20 países, entre ellos el nuestro, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dado un importante paso en el proceso que podría conducir a aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana y, eventualmente, suspenderla del máximo organismo interamericano.
El martes, el Consejo Permanente dedicó una sesión a discutir, exclusivamente, la precaria situación política en ese país. Al término de ella no se adoptó ninguna resolución; ese no era el propósito inmediato. Sin embargo, las representaciones de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica suscribieron un texto en el que manifiestan su determinación de mantener el tema abierto en el seno del organismo. Esto implicará, al menos, dos reuniones de seguimiento del Consejo en abril y mayo, previas a la Asamblea General de la OEA, que se celebrará entre el 19 y el 21 de junio en México.
Nada garantiza el resultado final de la iniciativa, si al fin se tomará la decisión de invocar la Carta y si, de resultar infructuosas otras medidas que esta contempla, se planteará una propuesta formal para suspender a Venezuela de la organización. Sin embargo, la posibilidad de que ambas cosas ocurran parece ser cada vez mayor, a menos que el régimen de Nicolás Maduro cese en su violación de las normas democráticas que está obligado a cumplir, no solo por ser signatario de la Carta, sino por mandato de su propia Constitución.
La secuencia de hechos recientes indica que, al fin, se ha constituido una masa crítica de gobiernos determinados a que la OEA, como es su obligación, tenga un papel activo en impulsar una salida democrática a la rampante crisis política, institucional, económica y social que afecta a Venezuela. Un primer paso, sumamente importante, fue una declaración suscrita el viernes por 13 países, también incluida Costa Rica, que considera urgente atender “de manera prioritaria la liberación de presos políticos”, y llama a que “se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.
La referencia a los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y la solicitud de que se proceda a desarrollar las elecciones que corresponden según un calendario ya violado, son elementos que nunca antes habían sido incluidos en un documento suscrito por países americanos, entre los cuales, además del nuestro, están Argentina, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Casi de inmediato, sus 13 Gobiernos, junto con cinco más, solicitaron la convocatoria a la reunión especial del Consejo realizada el martes, y ese mismo día sumaron 20 los que ratificaron la decisión de realizarla. El día previo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, llenó de diatribas al secretario Almagro y a varios de los países firmantes de la declaratoria, pero ni ella, ni los intentos obstruccionistas de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y siete países más lograron frenar el debate.
Nos complace que en él Costa Rica tuviera una posición clara, a pesar de la actitud dubitativa manifestada por el presidente, Luis Guillermo Solís, dos semanas atrás. Nuestro representante ante la OEA, Rogelio Sotela, expresó “angustia” por “el manifiesto debilitamiento de las instituciones democráticas en el país y, en particular, las reiteradas amenazas que se han cernido sobre el principio de separación de poderes y sobre el régimen electoral”; además, propugnó por una “hoja de ruta” que “afiance el Estado de derecho, que garantice la separación de poderes, en particular los poderes electoral y judicial, así como la independencia de la Defensoría del Pueblo y que ofrezca las garantías constitucionales para que sus ciudadanos ejerzan todos sus derechos”.
Estamos ante un cambio cuantitativo y cualitativo fundamental en el hemisferio frente a la virtual dictadura de Maduro. La tolerancia y complicidad que hasta hace poco impidieron la acción de la OEA, hoy son minoritarias. Esperamos, además, que conforme pasen las semanas, y si el régimen no cambia, más países se sumen a los 20 para generar una mayoría suficientemente sólida, que conduzca a la aplicación de la Carta Democrática. Ante la intransigencia del régimen, es necesario sumar una presión internacional sólida y sostenida a los esfuerzos internos de la oposición por lograr una salida política a la crisis. De lo contrario, la violencia y un mayor caos serían inevitables, para perjuicio de todos.
