EscucharEl Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar no ha cobrado vigencia porque faltan ¢120 millones para publicarlo en La Gaceta. El convenio data de 1974 y fue ratificado por la Asamblea Legislativa hace dos años, pero sigue en espera del trámite de publicación para convertirse en ley. Tratado de Libre Comercio con China también está entrabado, porque su impresión exige otros ¢120 millones.
En el mejor de los casos y existiendo el financiamiento, la discusión de los proyectos de ley en el Congreso se atrasa dos semanas mientras los textos hacen fila en la Imprenta Nacional. Luego de aprobados, su suerte depende, nuevamente, del plazo de la publicación y la disponibilidad de recursos.
En total, el Congreso gasta ¢350 millones el año para publicar documentos en un diario de escasa circulación con la finalidad de cumplir el requisito de ley. La cifra es mucho mayor si se incluye el gasto del Ejecutivo y los particulares. El principio es darle publicidad anticipada a las actuaciones del Gobierno y a las actividades privadas con relevancia pública. El cumplimiento de esos sanos objetivos mediante la edición impresa de La Gacetaes cuestionable.
Todo esto ocurre en plena era digital, en un país donde el acceso a Internet es mucho más fácil que conseguir un ejemplar del diario oficial. Es irracional y un reciente editorial de La Naciónlo señaló valiéndose del ejemplo proporcionado por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, un verdadero ridículo de alcances internacionales. El país se ve obligado a justificar su ausencia de ese convenio por un problema de papel y tinta.
Por eso es alentadora la reforma avalada por el Congreso, el Consejo de Gobierno y la Imprenta Nacional para darle a la publicación digital de los proyectos y decretos un valor equivalente al de la versión impresa. El ahorro en tiempo y dinero será significativo merced a este nuevo aporte del programa de Gobierno Digital. También salen gananciosas la racionalidad y el sentido común.
La Imprenta Nacional conservará respaldos físicos de los documentos publicados en Internet para prevenir la inseguridad jurídica e informática. La idea, dice el viceministro de Gobernación, Mario Zamora, representa “un cambio revolucionario” en el uso de la tecnología y se extenderá a otras instituciones. En efecto, se trata de una revolución en relación con la práctica seguida hasta ahora, pero el cambio pudo haberse producido hace años, con gran provecho para el país.
Señalar la tardanza no tiene el propósito de disminuir el mérito de la iniciativa o de los funcionarios que por fin decidieron adoptarla. Vale, más bien, como acicate para explorar otros procedimientos igualmente irracionales a la luz de las tecnologías existentes en la actualidad. El programa de Gobierno Digital ya rinde frutos en varios ámbitos de la vida nacional, pero la impaciencia es totalmente justificable cuando se constata la persistencia de fenómenos como el de La Gaceta.
Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa, enfatizó la importancia del ahorro en tiempo y dinero, pero la decisión implica mucho más. La nueva directriz permite que las cosas se hagan y en ese sentido contribuye también a la gobernabilidad. El primer ensayo, anunció Villanueva, se hará con el proyecto de reforma fiscal recientemente enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Con independencia de la suerte que corra el proyecto, los diputados podrán discutirlo sin estar pendientes de la fecha de publicación en La Gaceta. Aún mejor, tendrán acceso al texto en un formato mucho más fácil de manejar.
