EscucharSobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) llueven las peticiones para anular la audiencia celebrada para discutir la construcción, en Moín, del megapuerto contratado con la empresa holandesa APM Terminals. La consulta, celebrada en el gimnasio Eddy Bermúdez, de Limón, el 9 de noviembre, tenía el propósito de informar a la comunidad, escuchar sus opiniones y responder preguntas sobre el impacto ambiental del proyecto, valorado en $1.000 millones.
Los opositores a la construcción del puerto, en especial sindicalistas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), se manifestaron dentro del gimnasio con gritos y abucheos cuya sonoridad ahogaba las palabras de los expositores. Faltando dos horas para cerrar la audiencia, exigida por ley entre muchos otros trámites, un grupo de sindicalistas se lanzó sobre las mesas de la Secretaría y la Fuerza Pública se vio obligada a intervenir.
La Policía recomendó a los funcionarios de Setena retirarse del gimnasio. Dieciocho expertos convocados para enriquecer la discusión acataron el consejo y la Secretaría dio por terminada la audiencia, aunque invitó a quienes tuvieran consultas no resueltas a someterlas por otros medios, fueran electrónicos o mediante entrega en las oficinas de la institución.
La discusión de los asuntos de fondo, razón de ser la audiencia, se vio estorbada por el grito de consignas y abucheos que en nada podían contribuir con el debate. Tampoco tenían la intención de hacerlo. El diálogo nunca pareció ser el propósito de los manifestantes.
Ahora, gran cantidad de opositores al proyecto reclaman la nulidad de la audiencia porque, según alegan, las dos horas faltantes para cumplir el horario programado limitaron la discusión y les impidieron ventilar sus opiniones y dudas. Uno de ellos se queja, también, de las dificultades experimentadas para escuchar a los expositores.
Si la Secretaría o los tribunales dieran la razón a los quejosos, el país habría inventado un nuevo recurso obstruccionista para sumárselo a un arsenal que ya probó ser demasiado vasto. Es cuestión de asistir a las audiencias de Setena, o a otras previstas por ley, con un número infinito de preguntas y comentarios, además de la irracional exigencia de obtener respuesta, in situ, en todos los casos, sin importar su pertinencia.
En el curso de la discusión, conviene corear consignas, abuchear a los expositores y hacer un escándalo suficiente para alegar, a posteriori, el incumplimiento de los fines de la consulta por imposibilidad de escuchar las intervenciones. Por último, la interrupción violenta del procedimiento ofrece, también, un argumento de nulidad basado en la insatisfacción de los propósitos de la ley.
En suma, los actos de fuerza sentarían las bases para acudir a la ley con el contradictorio propósito de legitimar los resultados perseguidos por las vías de hecho. Caer en esa trampa es alimentar la parálisis institucional, premiar el uso de la fuerza, fomentarlo y desnaturalizar los procedimientos de consulta y discusión establecidos para fortalecer la participación democrática.
En casos como este, y quizá en otros en los que existan razones prácticas capaces de limitar la participación, las audiencias deberían celebrarse con aprovechamiento de los medios tecnológicos existentes, por lo menos como complemento de las convocatorias tradicionales.
El 9 de noviembre, Setena abrió y mantuvo la discusión hasta donde se lo permitieron los participantes. Cuando levantó la sesión, la mayor parte del tiempo programado ya había transcurrido y los temas fundamentales habían sido sometidos a análisis. La institución dejó abiertas las puertas para continuar el diálogo por otros medios, quizá más eficaces y ciertamente menos vulnerables a las perturbaciones interesadas.
Los fines de la ley fueron cumplidos, no así los de quienes recurrieron a las vías de hecho.
