21 julio, 2018

El Frente Amplio suscribió, junto con el nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el comunicado del Foro de Sao Paulo. Acto seguido, declaró su desacuerdo con el capítulo referido a Nicaragua, donde se justifica la represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega contra estudiantes y otros ciudadanos, incluida la población indígena del heroico barrio de Monimbó.

Para profundizar la contradicción, el partido costarricense se adhiere al llamado a la solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro, culpable de idénticas violaciones de los derechos humanos. La razón del dispar proceder es obvia. Nicaragua está demasiado cerca y la brutalidad de su régimen bolivariano y albista se nota mucho en Costa Rica, donde el Frente Amplio procura hacerse pasar por otra cosa.

Hasta el estallido de la última revuelta popular, el Frente Amplio y sus legisladores participaron alegres de las celebraciones sandinistas, en especial las del 19 de julio. Aplaudieron los discursos de Ortega, disimularon las locuras de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ignoraron los pactos malsanos con el expresidente Arnoldo Alemán y muchos empresarios, fueron ciegos ante la galopante corrupción, no se preguntaron por el origen de la fortuna de los Ortega Murillo y sus aliados, callaron frente a los fraudes electorales y presenciaron en silencio el secuestro de las instituciones democráticas.

En la reunión del Foro, celebrada este año en La Habana y el año pasado en Managua, los frenteamplistas estuvieron codo a codo con el FSLN sin mayor reparo. Al final, su distanciamiento consiste en recordar una resolución adoptada hace dos meses, cuando apenas comenzaban las protestas en Nicaragua, para expresar “alarma y preocupación” y llamar a un “proceso de conciliación y pacificación”, según la describió el presidente interino del partido Wílmar Matarrita.

Hasta el estallido de la última revuelta popular, el Frente Amplio y sus legisladores participaron alegres de las celebraciones sandinistas, en especial las del 19 de julio

La resolución, desde luego, no condena al régimen del matrimonio Ortega Murillo. Por el contrario, hace una cuidadosa equivalencia moral entre los asesinos y sus víctimas. “Hacemos un vehemente llamado para que cesen los actos de violencia de una y otra parte…”, dice el documento aprobado por el comité político frenteamplista. Más adelante, llama al gobierno a sopesar y ponderar su actuación para apegarla al respeto a los derechos humanos y añade: “Esperaríamos de parte de quienes se manifiestan un talante y un comportamiento similar.”

La resolución finaliza declarando inaceptable el aprovechamiento del conflicto “por terceros Estados y sus aliados internos para provocar una situación de caos y violencia.” En otras palabras, las protestas están bajo sospecha de recibir aliento extranjero, lo cual las deslegitima y brinda implícito apoyo a Ortega.

El Foro de Sao Paulo, dicho sea de paso, no duda en identificar a Washington como inspirador de las protestas. En Nicaragua “se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista”, dice la declaración de La Habana.

Pasados dos meses, trescientos muertos, infinidad de heridos y contundentes denuncias de atrocidades documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Frente Amplio refiere a su misma resolución de abril para distanciarse tácticamente del comunicado del Foro de Sao Paulo. El tiempo y los acontecimientos no le han convencido de la diferencia entre los reprimidos y los represores. Tampoco le bastan para formarse juicio sobre la reacción de Ortega a la petición, formulada hace dos meses, de “sopesar y ponderar” su actuación para apegarla al respeto a los derechos humanos.