Un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) da cuenta de los decomisos de estupefacientes en el sistema penitenciario durante el último año. Cuantificadas en colones, las incautaciones ascienden a ¢800 millones. Se trata de 24 kilos de coca, valorada en ¢5.000 por dosis; 130 kilos de marihuana, comercializada a ¢1.000 por cigarrillo, y 38.000 piedras de crack , también vendidas en ¢1.000 cada una.
Pero el informe, como es lógico, sirve de poco para estimar el valor de las drogas introducidas con éxito a las cárceles. De esas no hay contabilidad, y si los narcotraficantes se dan el lujo de perder ¢800 millones en dosis confiscadas, el mercado penitenciario debe ser mucho más grande.
No valdría la pena insistir en contrabandear droga si la mayor parte fuera incautada, salvo que hubiese reos dispuestos a adquirirla a precios exorbitantes, pero sabemos que se trata de un mercado con serias limitaciones de poder adquisitivo. El narcotráfico es negocio en el sistema penitenciario pese a los ¢800 millones decomisados y los precios relativamente bajos. La preocupación debe ser grande.
La abundancia de drogas en los centros penitenciarios también la acreditan las autoridades cuando lamentan la falta de equipos para revisión no invasiva (escáneres) y señalan la imposibilidad de hacer requisas profundas sin violar derechos fundamentales de los visitantes. Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, confiesa sin ambigüedades que de no ser por alguna señal de alerta, los decomisos no se logran. La droga, como bien se sabe, pasa por las puertas de las cárceles oculta en cavidades corporales.
Una de las tragedias derivadas del narcotráfico en las cárceles es la cantidad de mujeres condenadas a prisión por introducir pequeñas cantidades de sustancias prohibidas en los penales. Ese tipo de reclusas llegó a representar casi una cuarta parte de la población de la cárcel El Buen Pastor. En el 2013, la Asamblea Legislativa notó la importancia del fenómeno y reformó la ley para moderar las penas en atención a la vulnerabilidad de las sentenciadas, todas víctimas de la exclusión social, la violencia y la pobreza.
El encarcelamiento de esas mujeres tiene un impacto devastador sobre la estructura familiar. La mitad tiene tres o más hijos, y la mayoría son jefas de hogar, no han concluido la educación primaria y carecen de ingresos estables. Muchas cometen el delito engañadas o amenazadas por cónyuges o familiares.
Si el narcotráfico carcelario victimiza a las mujeres como portadoras de drogas, no es menos inclemente con la juventud como consumidora. Los decomisos son más frecuentes entre la población penal de menor edad. El 52 % de los reos sorprendidos con drogas tienen entre 20 y 29 años. El porcentaje también se explica por la juventud de los reos en general. La mayoría está entre los 25 y los 34 años, pero la mayor cantidad de decomisos por cada cien detenidos se dio en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia.
Un mercado tan grande y lucrativo dentro de las prisiones es, inevitablemente, un acicate para la violenta lucha por territorios y control de las ventas. Al mismo tiempo, sirve para capturar a nuevos adictos. Quien no haya experimentado con drogas antes de entrar a prisión difícilmente lo evitará mientras cumple la condena. Un 87 % de la población penal ha tenido contacto con sustancias psicotrópicas. Esa circunstancia conspira contra las mejores intenciones de rehabilitación que animan al sistema penitenciario.
El Ministerio de Justicia, como otras instituciones, padece severas limitaciones presupuestarias para combatir las causas del consumo de drogas en las prisiones, entre ellas el hacinamiento y la falta de programas capaces de canalizar la atención y energía de los detenidos, pero, cuando menos, es preciso revisar la posibilidad de ejercer mejor control sobre el ingreso de drogas en los centros penales.