EscucharPor largo tiempo se ha hablado de la corrupción en la mayor empresa estatal venezolana, la compañía petrolera conocida por sus siglas PDVSA. Su importancia radica no solo en el tamaño de sus instalaciones, que se extienden de Venezuela al Caribe y también a Estados Unidos. Su jerarquía estriba, además, en su condición de operadora exclusiva del gigantesco patrimonio petrolero de ese país y, como tal, un chorro permanente de ingresos para el Estado.
El personal que demanda PDVSA idealmente debería ser de altas calificaciones técnicas. No obstante, desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez, el régimen ha procurado meter manos en el aparato gerencial para asegurarse una fuente de rapiña y de nombramientos políticos cuyo oficio primordial ha sido consolidar el control ejercido por el jefe del Poder Ejecutivo.
Ahora, en una atmósfera derrotista derivada de la crisis económica que aflige a Venezuela, ha empezado a asomar la cabeza monstruosa de la corruptela en diferentes niveles de PDVSA. Esto no quiere decir que la empresa hubiera permanecido inmune a la rebatiña hasta ahora, porque no ha sido así. Desde los inicios del régimen chavista tomó impulso un grado creciente de corrupción. Actualmente, la magnitud del problema ruboriza a Miraflores.
Con este trasfondo, hace pocos días la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en Houston presentó en los tribunales del distrito una solicitud de arresto contra dos hombres de negocios venezolanos radicados en Estados Unidos. Uno de ellos, Roberto Rincón, está domiciliado en Texas y su socio Abraham Shiera Bastidas, en Coral Gables, Florida. Según la Fiscalía, ambos violaron la Foreign Corrupt Practices Act (Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero).
De acuerdo con la acusación, desde el 2010 ambos transfirieron sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurarse la adjudicación de contratos por equipos que, a la postre, ellos le suplieron a la gigantesca empresa estatal. Los pagos algunas veces se hicieron por concepto de servicios de ingeniería y honorarios diversos. Los sobornos no solo eran en fondos bancarios sino, además, en viajes por el extranjero para los sobornados y sus familias, compras de ropa y artículos deportivos. Del 2010 al 2013, el negocio se tradujo en $1.000 millones de fondos que cambiaron de manos. Obviamente era muy rentable.
La investigación que dio lugar a las pesquisas formó parte de un esfuerzo más amplio para esclarecer pagos y dádivas no solo por corrupción, sino también originados en el narcotráfico. En marzo último, el Tesoro norteamericano denunció una “lavandería” de fondos en un banco de Andorra por el que se habían blanqueado más de $4.000 millones, la mitad relacionada con PDVSA. Esta tarea y sus frutos han sido ampliamente divulgados por la prensa mundial.
Es evidente que en esta ocasión sí asoman los esfuerzos estadounidenses y de algunas otras naciones, prometidos durante décadas, para limpiar el continente de plagas aborrecibles como el narcotráfico y el tráfico de influencias, sobre todo, en contrataciones públicas en países carentes de credenciales democráticas.
Es esencial que estas acciones prosigan incansables y no se vean frenadas por la miopía de gobiernos y legisladores, no solo en Estados Unidos, sino también en los países afectados. Si los norteamericanos y otras naciones legislan para castigar a quienes desde su territorio hacen negocios con autoridades corruptas del extranjero, es preciso incrementar la cooperación internacional de los principales interesados: las naciones a cuya costa se hacen esos negocios.
