EscucharLa posibilidad de conseguir la carbono-neutralidad del país en el 2021 es remota. La meta, fijada con precipitación a finales de la administración Arias, se estrella contra la realidad de nuestra política ambiental y energética. Un buen ejemplo es la adopción de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
El régimen tributario y los precios no contribuyen a la importación de vehículos impulsados por gas natural y electricidad, o de los híbridos, capaces de disminuir el consumo de combustible fósil, pero ese no es el principal problema.
Los impuestos dependen de decisiones políticas relativamente simples, y los precios, de una buena negociación. En ambas materias, la actual administración tiene planes adelantados. Las conversaciones iniciadas con Japón, Corea y China pretenden obtener de esos países un trato favorable en el precio. A cambio, Costa Rica ofrece disminuir los impuestos de importación en proporción con la ventaja recibida.
El éxito de esas negociaciones mataría dos pájaros de un tiro. Mejores precios y menos impuestos conducen a ofertas atractivas, capaces de estimular la adopción de tecnologías menos contaminantes. También es de esperar, en un futuro no muy lejano, una disminución en los precios, producto de la investigación y desarrollo.
Sin embargo, la principal limitación no está en la política tributaria o comercial, sino en el desarrollo energético. Un país tan rico como el nuestro en fuentes renovables es incapaz de ofrecer el suministro suficiente para expandir, hasta donde es deseable, la flotilla pública y privada de autos amigables con el ambiente.
El consumo adicional de electricidad exigiría la quema de hidrocarburos en plantas térmicas, como la de Garabito, inaugurada en fecha reciente.
Los motores eléctricos trasladarían las emisiones de nuestras contaminadas ciudades a sitios más alejados, pero el impacto sobre el ambiente en general no sería el deseado.
El país ya pasó por un periodo similar, cuando el aumento en la demanda borró de un plumazo los avances obtenidos en la generación limpia de electricidad. En 1994, antes del funcionamiento de la Planta Geotérmica de Miravalles, el 20% de la electricidad se producía con petróleo. En el 2002, Miravalles y varios proyectos eólicos menores redujeron la cifra a 2%. La demanda creció, el desarrollo geotérmico se estancó y hoy dependemos nuevamente del petróleo para generar el 10% de la electricidad.
El Gobierno pretende sustituir 12.000 taxis y 4.000 autobuses por unidades de tecnologías más limpias, pero la propulsión eléctrica choca contra los límites impuestos por nuestra infraestructura de generación energética. La imprevisión, casi ceguera, es de los diputados.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Poder Ejecutivo han invertido años en el esfuerzo de abrir las fuentes geotérmicas y geomagmáticas (aprovechamiento del calor del subsuelo) en la cordillera Volcánica Central y en la de Guanacaste.
Con el prurito de conservar los parques nacionales, cuyas riquezas pueden ser explotadas con mínimo daño y amplia compensación de los terrenos afectados por otros aledaños, la Asamblea Legislativa prefiere permitir el consumo de hidrocarburos.
El daño ambiental a consecuencia de esa conducta es muy superior. La generación eléctrica con petróleo emite mil kilos de dióxido de carbono por kilovatio-hora y la geotermia apenas 59. Costa Rica produce el 14 por ciento de su energía con vapor, pero desaprovecha el equivalente a 14 millones de barriles de petróleo por año, un 80% del consumo anual de combustibles fósiles.
Según las estimaciones del ICE, en el subsuelo hay 1.000 megavatios de energía limpia, barata y constante, independiente de los caprichos climáticos y la turbulencia política internacional.
La electricidad no es el único combustible alternativo. La adquisición de autobuses impulsados por gas natural es parte importante de las negociaciones conducidas en Asia, pero todavía no están homologadas las normas para la importación de ese combustible.
El asunto urge porque las concesiones del transporte público vencen en 2013 y 2014, fechas ideales para estimular el cambio de los viejos vehículos por los de las nuevas tecnologías.
