Escuchar¿Habrá comenzado la liberación de los puertos y la introducción en esta tierra de nadie de criterios de eficiencia, autoridad, orden, calidad y servicio al cliente? Esperamos que, con el término del oligopolio de las estibas, se haya iniciado este proceso.
Desde este punto de vista, la noche del 23 de febrero pudo haber sido el punto de partida, después de muchos años de señorío de los dirigentes sindicales, de tarifas portuarias ordenadas al ritmo de los intereses creados, de abdicación del Estado de derecho, de clientelismo político y de JAPDEVA llamada, por ley, a ser el epicentro del desarrollo de la zona atlántica, pero, convertida, por las razones dichas, en simple espectador o, peor aún, en cómplice de las estibas y de los dirigentes sindicales.
Este proceso ha sido difícil, pues el Gobierno ha tenido que enfrentarse a las empresas de estiba en connivencia con los gremios que, ante cualquier intento de cambio o de término de sus privilegios, enarbolaban astutamente falsas banderas de justicia social y de progreso. Venturosamente, en esta materia, tanto JAPDEVA como la Contraloría General de la República comprendieron que había llegado el momento de implantar el Estado de derecho. El último intento de los sindicatos de apoderarse de los muelles para atemorizar al Gobierno e intimidar a las empresas exportadoras fracasó por la acción enérgica del Poder Ejecutivo.
Unas 15 empresas estibadoras participan actualmente en las actividades de estiba, ha retornado el espíritu de competencia, las tarifas portuarias han bajado en un 30 por ciento, se espera que, en los próximos meses, desciendan aún más, y el poder omnímodo que ejercía el dirigente sindical Timothy Scott sobre empresas y sobre el Gobierno ha venido a menos. Confinado ahora a tres sociedades laborales cuestionadas, obligado a dar cuentas a un grupo numeroso de trabajadores sobre la administración de sus recursos y, al parecer, rotos los vínculos con la empresa protectora, el campo está abierto para innovaciones de fondo.
En estas circunstancias se espera que el Ministerio de Trabajo adopte una posición clara en defensa de los derechos de los trabajadores, sin apartarse un ápice de la ley, que JAPDEVA prosiga el proceso de liberalización de los servicios y que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes lleve a cabo un vigoroso plan de ordenamiento y renovación de los puertos. En este campo nuestro país debe ponerse al día. No podemos tolerar ya más que instituciones estratégicas como los puertos y los muelles estén al arbitrio de los intereses y privilegios de unos cuantos dirigentes sindicales.
Días más promisorios le esperan a la provincia de Limón, mediante la liberalización de los servicios portuarios y la eliminación de privilegios e imposiciones externas, que han aherrojado a esa región. Todo depende, sin embargo, de la determinación del Gobierno de la República de seguir adelante en este importante capítulo de la reforma del Estado. Es triste que hayamos tenido que esperar unos 20 años para romper estas ataduras, pero, si se logra este objetivo, los beneficios serán inmediatos y sustanciosos.
