Sin sonrojo, el presidente, Luis Guillermo Solís, miró a la cámara y habló del déficit fiscal como un problema existente “a pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos” que había hecho desde el inicio de su mandato “para contener los gastos y aumentar los ingresos”. En la afirmación no hay un ápice de verdad. Por el contrario, hay grave olvido de la falta de responsabilidad fiscal exhibida por el mandatario y sus colaboradores desde la administración de la presidenta Laura Chinchilla, a lo largo del proceso electoral, durante los inicios del mandato y más allá.
En octubre del 2014, meses después de iniciada la administración, el presidente se enfrascó en impulsar un presupuesto con el 19,6% de aumento. Para lograrlo, minimizó la seriedad del déficit fiscal, cuyas dimensiones estaba a punto de agravar, y proclamó que no era el único ni el más importante problema de su gobierno.
Partidos de oposición, economistas y diversos medios de prensa, incluido este diario, hicieron cuanto estuvo a su alcance para impedir el desacierto, pero la administración lo cometió mediante una maniobra que no tardó en ser censurada por la Sala IV. Con tantos llamados a la cordura, el mandatario no puede alegar ignorancia, como lo había hecho meses antes, cuando se reconoció incapaz de frenar las alzas en los servicios públicos, como lo prometió en campaña: “No es lo mismo verla venir que bailar con ella”, afirmó.
El único esfuerzo del inicio del mandato fue para incrementar el presupuesto en una quinta parte y restar importancia al problema del déficit fiscal. Esa es la verdad, pero los anuncios presidenciales de la semana pasada optan por construir una realidad alternativa, a la usanza de la Casa Blanca de Donald Trump.
La falta de esfuerzos contra el déficit fiscal es una de las pocas promesas de campaña cumplidas por la administración Solís. A lo largo del proceso electoral, el mandatario prometió limitarse, durante los dos primeros años de gobierno, a enseñarnos a gastar bien. En ese momento, no era necesario un aumento de impuestos, según la tesis esgrimida por el candidato del Partido Acción Ciudadana. Eso tampoco era cierto y a la administración no le luce fingir ignorancia sobre el estado de las finanzas públicas cuando asumió el poder.
La administración de Laura Chinchilla nunca intentó ocultar la gravedad del problema. Por el contrario, hizo sonar todas las alarmas y dio un paso al frente para pagar el costo político de promover el alza en los impuestos. Ottón Solís, fundador del PAC, también habló con claridad sobre la importancia de hacer el ajuste tributario y, de nuevo, hubo llamados de la prensa, incluido este diario.
Pero el presidente Solís y sus aliados en el PAC se encargaron de combatir el aumento de impuestos. El candidato Luis Guillermo Solís hasta se burló de las advertencias, de nuevo con cita de datos alternativos. Nadie abogó nunca por un déficit de cero, pero eso no le impidió decir: “Hay gente que tiene una fijación con el cero déficit, que a mí me parece absurdo; un país no tiene por qué estar en cero déficit y eso sí es un debate ideológico".
Cuando la prioridad del gobierno era la aprobación de los proyectos de ley contra el fraude fiscal, la administración de nuevo restó importancia al aumento de los impuestos, aunque esa vez no lo hizo de manera explícita, sino con la torpe estratagema de torcer la interpretación de un estudio de la administración precedente para inflar la recaudación posible mediante la mejora de los controles. Si tanto se puede lograr con solo combatir la evasión, los nuevos ingresos no son necesarios. El Congreso aprobó las leyes contra el fraude, la recaudación ha mejorado, pero nunca en las cercanías de la cifra dictada por la realidad alternativa de aquel momento.
Pero, sobre todo, el gobierno no ha hecho el menor esfuerzo por enfrentar los disparadores del gasto público. Prometió hacerlo, luego le restó importancia al empeño, después envió a la Asamblea proyectos de ley y poco después los retiró. Todavía la semana pasada, cuando hizo su dramático anuncio sobre la falta de liquidez, el presidente solo habló de aumentar impuestos y no de enfrentar el gasto estructural. Prefiere hacer otros sacrificios para no tocar el problema de fondo, aunque los partidos de oposición exigen un esfuerzo integral para dar viabilidad a los nuevos ingresos.
La actual administración y su facción del PAC son culpables de incubar la grave crisis del futuro cercano mediante el intencional e irresponsable descarrilamiento del Plan de Solidaridad Tributaria, la demagogia electoral, la expansión del gasto a costa de minimizar la importancia del déficit, la burla a quienes supuestamente insistían en “déficit cero” y la negativa a hablar del gasto estructural. Esa es la realidad y no hay alternativa.