EscucharLa Junta Directiva del Banco Nacional decidió emprender una investigación de las decisiones que condujeron a la utilización de la pauta publicitaria para “castigar” a La Nación por difundir informaciones de interés público sobre anomalías ocurridas en la institución. La decisión fue adoptada horas antes de la condena de los hechos por el presidente de la República y su exhortación al esclarecimiento de lo sucedido.
Las declaraciones del mandatario solo pueden ser interpretadas como una instrucción emanada de la más alta jerarquía. La Junta Directiva del Banco ya había decidido iniciar la investigación, pero las palabras del presidente enfatizan la importancia de conducirla con seriedad y de manera exhaustiva.
El gerente general del Banco, Juan Carlos Corrales, ya aceptó los hechos y asumió la responsabilidad. Ese gesto le debe ser reconocido, pero no lo exculpa. Por otro lado, no debe ser motivo para hacer de él un chivo expiatorio y silenciar otras posibles responsabilidades. Es importante saber si otros funcionarios y directivos participaron de la decisión o fueron informados.
Por declaraciones del mismo gerente –revestidas de la credibilidad de quien no evade sus responsabilidades y, en condición de jerarca, se atribuye toda la culpa– sabemos que la decisión se adoptó en el marco de una reunión entre el funcionario y los once altos ejecutivos que le responden directamente.
Sin dejar de enfatizar que la decisión fue suya, el gerente reconoció la participación de otros funcionarios: “Eso fue básicamente una recomendación que sale de la misma gente de publicidad del Banco”. Pero Patricia Jara, directora de Gestión Publicitaria, negó haber hecho la recomendación y alegó razones técnicas para la sustracción de la pauta.
Las dos versiones no pueden ser ciertas a la misma vez y es indispensable aclarar si tan alta ejecutiva de una institución bancaria, dependiente de la confianza del público, dijo al país la verdad en un caso delicado, donde están de por medio la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público y la probidad en la administración de los recursos nacionales.
El gerente dice, sin ambigüedades, que tomó personalmente la decisión por recomendación de “la gente de publicidad”. La encargada de Relaciones Institucionales, Mishelle Mitchell, niega haber tomado parte de la decisión, pero asegura haber sido informada. En entrevista con Telenoticias de Canal 7, reconoció la existencia de la orden de recortar la pauta y alabó al gerente porque “lo admite”. “Yo creo que lo noble es que lo admite”, aseguró.
Pero, según la directora de Gestión Publicitaria, la reducción de la pauta “obedece, en primer término, al lanzamiento del portal web de venta de bienes en marzo, por lo que el esfuerzo comercial se traslada a la web y las redes sociales y, en segundo lugar, a una decisión estratégica de la alta administración”.
¿Falta a la verdad el gerente general para asumir tan grave responsabilidad y causar daño al Banco? ¿Falta a la verdad doña Mishelle cuando afirma haber sido informada de la represalia contra La Nación y alaba al gerente por reconocerla? ¿O falta a la verdad la directora de Gestión Publicitaria? Es necesario aclararlo y actuar en consecuencia.
No será difícil. Aparte de las confesiones de altos jerarcas, los investigadores del Banco tendrán a su alcance la información necesaria para saber si, en efecto, la inversión publicitaria se trasladó a la web o si hubo otros medios, aparte de La Nación, que recibieron la pauta acostumbrada o quizá más. Esa información consta en los archivos del Banco, pero también en los informes de agencias independientes dedicadas a monitorear la industria y es notoria en los espacios publicitarios de los medios.
Sin embargo, en lo que toca a la señora Mitchell, también hay actuaciones por esclarecer. El banco le paga un importante salario por su asesoría en comunicación. Sus declaraciones, una vez desatado el escándalo, no dejan duda de su comprensión de las implicaciones de utilizar la pauta publicitaria para premiar o castigar a los periodistas. Parte de la nobleza que atribuye a las actuaciones del gerente es que ahora “reconoce la diferencia y división que tiene que existir entre la gestión publicitaria y la gestión editorial”.
Eso es ABC del buen periodismo. Doña Mishelle es periodista y admitió haber sido informada de la nefasta decisión de violar un principio tan elemental. ¿Señaló, oportunamente, una falta tan obvia y grave? Si no lo hizo, ¿cumplió sus responsabilidades con el Banco? ¿Es su labor evitar el “riesgo reputacional” o permitir su conversión en daño para luego intentar atenuarlo con protestas de nobleza?
Todo eso sin olvidar, de conformidad con las declaraciones del gerente general, que la decisión fue considerada y tomada “con la gente de publicidad, la gente misma de relaciones y los demás miembros, las subgerencias, etc.”. ¿Con cuáles funcionarios de “relaciones” se consideró y tomó la decisión”. Doña Mishelle, como encargada de Relaciones Institucionales y Comunicación Externa, sabrá la respuesta.
En suma, si el reconocimiento de los hechos y la renovada fe en la independencia editorial son un gesto de nobleza, ¿qué hizo doña Mishelle a lo largo de los cuatros meses en que el Banco no fue tan noble?
En otro orden de cosas, cuando a la señora Mitchell se le consultó si pidió al Departamento Legal evaluar la posibilidad de demandar a los periodistas de La Nación, dijo no saber de dónde salía esa información. Sería un gesto de nobleza aclarar por qué el Departamento Legal le dirige a ella una nota cuya primera frase es: “Sirva la presente para dar respuesta a su consulta remitida por correo electrónico...”, y, en resumen, concluye que no existe acusación posible porque no hay razones para afirmar que los hechos publicados por La Nación sean “falsos”.
