Además de ser Junta de Administración Portuaria (las tres primeras letras de su sigla), Japdeva tiene como objetivo el Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (las últimas cuatro). Si en la primera misión se ha caracterizado por extrema ineficiencia, altos costos, retrasos, opacidad y servicios de reducida calidad, en la segunda su desempeño ha sido aún peor. No tenemos evidencia empírica para afirmarlo con certeza, pero si tomamos en cuenta la cultura de paternalismo, clientelismo y falta de planificación que ha caracterizado su desempeño, es posible que, lejos de impulsar, incluso haya retrasado el desarrollo integral de la zona.
Ahora se le presenta una excelente oportunidad de enmendar sus yerros y convertirse en un real motor de progreso. Sin embargo, las señales sobre su disposición y capacidad de hacerlo son en extremo desalentadoras, y no carentes de riesgos.
Nos referimos, como oportunidad, a los fondos que, a partir de su entrada en operación, comenzará a recibir de APM Terminals, concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín, fijados en un 7,5 % de los ingresos brutos generados por la operación y que serán desembolsados en tractos durante los 30 años de la concesión. La suma total se calcula que llegará a los $1.000 millones y los recursos comenzarán a fluir dentro de cuatro meses. El desaliento surge a partir de una información que publicamos en nuestra edición del martes, según la cual la Junta aún no está preparada y ni siquiera tiene proyectos medianamente definidos para decidir el uso de esos fondos. El riesgo consiste en que, si esos recursos no se administran con visión, planificación, transparencia, eficiencia y sentido integral del desarrollo, su impacto positivo sea mínimo.
El presidente ejecutivo de la institución, Greivin Villegas, reconoció que, al asumir su administración, “lo que había era una serie de ideas”, no “proyectos definidos”. Pero todavía estos no existen: a pesar del “gran esfuerzo” que afirma haber efectuado para acelerar esa definición, la única expectativa manifiesta es que, cuando comiencen a girarse los fondos –que él estima será en febrero–, están “valorando tener definidos algunos proyectos de interés para la región”.
Si las transferencias de APM a Japdeva fueran producto de una decisión súbita, habría razones para la imprevisión y el retraso. Pero no es así: forman parte del contrato suscrito. Por ende, ha existido tiempo de sobra no solo para poner en marcha “algunas” iniciativas, sino para definir y establecer los planes de acción que promuevan un conjunto de prioridades de alto impacto, integradas y sostenibles, que se conviertan en un verdadero motor de progreso y activen otras instancias de acción económica y social para multiplicar su efecto.
Los recursos que ingresarán a Japdeva, además de considerables, son altamente predecibles y se pueden proyectar, sin mayor complejidad, los flujos que se producirán durante las próximas tres décadas. Bien manejados, podrían ser utilizados incluso como colaterales para financiamiento bancario, o de otras fuentes, lo cual elevaría el monto de las inversiones. Sin embargo, esto pasa, además de por los componentes de planificación y transparencia ya mencionados, por un manejo altamente profesional e independiente de los proyectos y su ejecución, que además esté blindado contra influencias indebidas y que no sucumba ante tentaciones clientelares. Lo contrario conduciría al desastre.
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¿Estará Japdeva en condiciones de lograrlo? Tenemos nuestras dudas, dados los antecedentes de su deficiente gestión de puertos y del desarrollo regional. Pero como así lo establecen las reglas de la concesión a APM, no habrá forma de evitar la intervención de la Junta. Eso quiere decir que urge una transformación interna de profundo calado para ponerla a la altura de la oportunidad. También hay que estructurar y manejar el fideicomiso al que ingresarán los fondos con los más altos estándares posibles. El tiempo para el cambio es corto. Por ello, no debe ser desperdiciado o, peor aún, malogrado.