11 diciembre, 2017

Si la Asamblea legislativa no aprueba la transformación del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) en un banco de fomento, el gobierno se cruzará de brazos porque no sabe cuál será la preferencia de la próxima administración. En otras palabras, Zapote renuncia a frenar la sangría del patrimonio restante del Banco, no importa si le cuesta millones al país.

En realidad, la renuncia a tomar decisiones urgentes existe desde julio, cuando el proyecto de ley llegó al Congreso. Menos de dos meses antes, el gobierno se había visto obligado a cerrar las operaciones de banca comercial y anunciar el fin de las actividades de intermediación financiera para el 31 de diciembre.

En otras palabras, la Casa Presidencial dejó al Banco en su lugar, ayuno de las funciones ejecutadas con tan poco éxito en años recientes, mientras la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto sobre el cual no hay acuerdo, al punto que, a un mes del cierre definitivo de las operaciones de intermediación, el expediente no ha avanzado.

El resultado era previsible, pero la administración siempre estuvo empeñada en no dejar a la institución morir en sus brazos, pese a los llamados al cierre provenientes de todos los rincones. Cuando la situación de Bancrédito se hizo crítica, la Casa Presidencial presionó a los demás bancos del Estado para invertir en la tambaleante institución. Esos bancos tocaron retirada al ver las crecientes dificultades de Bancrédito. Hicieron bien, porque ahora la institución carece de liquidez para pagar al Ministerio de Hacienda ¢118.000 millones invertidos a comienzo de año, también como apuntalamiento. Según el gerente, Gerardo Porras, la institución tiene activos (edificios, propiedades y cartera de crédito) para enfrentar la deuda, pero necesita tiempo para venderlos.

Una decisión de la Presidencia pudo haberle ahorrado dinero al país, pero puede más el deseo de no cargar con la responsabilidad del cierre. Por eso la decisión de respetar los deseos de la próxima administración, es decir, de trasladarle el problema. Entre enero y octubre, las pérdidas acumuladas del banco alcanzan la suma de ¢21.522 millones. El 32 % de las reservas se gasta en sueldos y cesantía.

Si las pérdidas llegaran a superar el 50 % del patrimonio, el Banco caería en la llamada irregularidad clase 3 y la Superintendencia General de Entidades Financieras se vería obligada a pedir la intervención. En ese escenario, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidirá si permite la continuidad de la operación o lo liquida.

Es difícil imaginar por qué haría lo primero. La liquidación, en cambio, resolvería, por intervención de los técnicos, el problema que los políticos no han querido enfrentar y han pospuesto con un sinnúmero de estratagemas. Bancrédito brindó en exclusiva el servicio de recaudación del impuesto de salida del país, ahora incorporado a los boletos aéreos para evitar el absurdo de cobrarlo por aparte, solo para mantener los ingresos de una entidad fracasada.

Bancrédito también tuvo a su cargo la recaudación del impuesto sobre la renta, la administración de una parte de los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, Finade), la venta de timbres y especies fiscales y el servicio de cajas en las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En fin, todo menos permitir el cierre. Para eso hace falta el valor exhibido por el diputado Ottón Solís, cuyo proyecto de ley propone la medida más racional: el cierre para trasladar los negocios y activos al Banco de Costa Rica. Tomada a tiempo, esa decisión habría sido, también, la menos costosa.